El asesinato de Samuel Tobares expone una escalada brutal de violencia contra personas LGBT+ en manos de fuerzas de seguridad y un clima político que la habilita. Mientras los ataques crecen y se multiplican los policías implicados, el discurso oficial que desprecia la diversidad deja de ser retórico y se vuelve un factor de riesgo real. Villa Parque Síquiman es una pequeña localidad del Valle de Punilla, en Córdoba, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital provincial. Allí vivía Samuel Tobares, 34 años, quien todos los días tomaba el colectivo para viajar hasta su trabajo en un hotel de Villa Carlos Paz. Eso mismo hizo el 23 noviembre. Después de una jornada agotadora y repleta de turistas por el fin de semana largo, Samuel tomó el colectivo de regreso, bajó sobre la ruta 38, a pocas cuadras de su casa, y encendió un cigarrillo. Horas después, una patrulla llegó hasta la casa de sus padres para informarles que su hijo había “fallecido” al descompensarse durante un operativo policial. Con el correr de las horas aparecieron los testigos que aportaron las piezas que faltaban: una patrulla del destacamento de Bialet Massé lo interceptó en la parada y comenzó agredirlo. “Puto de mierda”, le gritaron, le “dieron como a una bolsa de boxeo” y se sentaron sobre su cuerpo entre 15 y 20 minutos. Recién cuando se dieron cuenta que Samuel se moría comenzaron a practicarle RCP. Pero ya no había nada que hacer. Entonces, declaró un testigo, uno de los policías se tomó la cabeza. Samuel estaba muerto. Por su crimen hay dos policías detenidos: un oficial ayudante y un sargento con 10 y 12 años de antigüedad. El último reporte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ muestra que durante los primeros seis meses de 2025 los ataques contra personas del colectivo aumentaron 70% respecto al mismo período de 2024: fueron 102 agresiones contra 60 del año anterior. Quienes más sufren la violencia son las mujeres trans, víctimas del 70,6 % de los casos, seguidas por varones gay con el 16,7 % y las lesbianas con el 6,9 %. Cuatro de esas agresiones terminaron en asesinatos, tres de ellos fueron varones gay. A estos datos hay que sumarle las muertes de Samuel, la de Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años en Salta, y la de Treinti, una fotógrafa trans en Ciudad Evita. Según un informe de la agencia Presentes, todas tienen algo en común: hay policias involucrados y ocurrieron en apenas 8 días. El aumento de los ataques a la comunidad LGBT+ no son casuales. Desde su llegada al poder, Javier Milei amaga con quitar una legislación que fue pionera en el continente, desde los DNI no binarios, hasta el cupo trans en el Estado y el mismo matrimonio igualitario. Las alusiones fálicas del Presidente, sus constantes menciones a dejar como “mandriles” a los opositores, el desprecio por las conquistas feministas y la ignoracia que demuestra al calificar como “ideología de género” la educación sexual tiene sus implicancias, directas y concretas. El Presidente ha elegido como su biógrafo a Nicolás Marquez y colocado al frente de la Fundacion Faro, su “think tank” libertario, a Agustín Laje. Basados en mentiras, estudios inexistentes o sin rigor científico, ambos intentan darle una pátina intelectual a lo que es sencillamente homofobia. Voceros de la llamada “la batalla cultural ” del Presidente, imaginan que la homosexualidad puede ser “enseñada” y “aprendida” a través de un manual de la ESI o que los homosexuales viven menos que los heterosexuales. Nada de lo que dicen es cierto pero el Presidente los convalida. Y entonces, lo que son solo frases ramplonas terminan convirtiéndose en una política de Estado. En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América y el número 10 del mundo en garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue el paso inicial de muchos más derechos que irían llegando. Y no fue obra de un gobierno sino de años de lucha de la comunidad LGBT+. Nada de eso convirtió a Argentina en un país sin discriminación pero sí en un lugar mucho más amigable. Una sociedad con más derechos es una sociedad más justa, aunque esos derechos no afecten necesariamente la vida propia, por qué una sociedad más justa es mas justa para todos. Por el contrario, un gobierno que hace bandera de la homofobia implica un retroceso enorme para toda la sociedad. MG El asesinato de Samuel Tobares expone una escalada brutal de violencia contra personas LGBT+ en manos de fuerzas de seguridad y un clima político que la habilita. Mientras los ataques crecen y se multiplican los policías implicados, el discurso oficial que desprecia la diversidad deja de ser retórico y se vuelve un factor de riesgo real. Villa Parque Síquiman es una pequeña localidad del Valle de Punilla, en Córdoba, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital provincial. Allí vivía Samuel Tobares, 34 años, quien todos los días tomaba el colectivo para viajar hasta su trabajo en un hotel de Villa Carlos Paz. Eso mismo hizo el 23 noviembre. Después de una jornada agotadora y repleta de turistas por el fin de semana largo, Samuel tomó el colectivo de regreso, bajó sobre la ruta 38, a pocas cuadras de su casa, y encendió un cigarrillo. Horas después, una patrulla llegó hasta la casa de sus padres para informarles que su hijo había “fallecido” al descompensarse durante un operativo policial. Con el correr de las horas aparecieron los testigos que aportaron las piezas que faltaban: una patrulla del destacamento de Bialet Massé lo interceptó en la parada y comenzó agredirlo. “Puto de mierda”, le gritaron, le “dieron como a una bolsa de boxeo” y se sentaron sobre su cuerpo entre 15 y 20 minutos. Recién cuando se dieron cuenta que Samuel se moría comenzaron a practicarle RCP. Pero ya no había nada que hacer. Entonces, declaró un testigo, uno de los policías se tomó la cabeza. Samuel estaba muerto. Por su crimen hay dos policías detenidos: un oficial ayudante y un sargento con 10 y 12 años de antigüedad. El último reporte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ muestra que durante los primeros seis meses de 2025 los ataques contra personas del colectivo aumentaron 70% respecto al mismo período de 2024: fueron 102 agresiones contra 60 del año anterior. Quienes más sufren la violencia son las mujeres trans, víctimas del 70,6 % de los casos, seguidas por varones gay con el 16,7 % y las lesbianas con el 6,9 %. Cuatro de esas agresiones terminaron en asesinatos, tres de ellos fueron varones gay. A estos datos hay que sumarle las muertes de Samuel, la de Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años en Salta, y la de Treinti, una fotógrafa trans en Ciudad Evita. Según un informe de la agencia Presentes, todas tienen algo en común: hay policias involucrados y ocurrieron en apenas 8 días. El aumento de los ataques a la comunidad LGBT+ no son casuales. Desde su llegada al poder, Javier Milei amaga con quitar una legislación que fue pionera en el continente, desde los DNI no binarios, hasta el cupo trans en el Estado y el mismo matrimonio igualitario. Las alusiones fálicas del Presidente, sus constantes menciones a dejar como “mandriles” a los opositores, el desprecio por las conquistas feministas y la ignoracia que demuestra al calificar como “ideología de género” la educación sexual tiene sus implicancias, directas y concretas. El Presidente ha elegido como su biógrafo a Nicolás Marquez y colocado al frente de la Fundacion Faro, su “think tank” libertario, a Agustín Laje. Basados en mentiras, estudios inexistentes o sin rigor científico, ambos intentan darle una pátina intelectual a lo que es sencillamente homofobia. Voceros de la llamada “la batalla cultural ” del Presidente, imaginan que la homosexualidad puede ser “enseñada” y “aprendida” a través de un manual de la ESI o que los homosexuales viven menos que los heterosexuales. Nada de lo que dicen es cierto pero el Presidente los convalida. Y entonces, lo que son solo frases ramplonas terminan convirtiéndose en una política de Estado. En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América y el número 10 del mundo en garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue el paso inicial de muchos más derechos que irían llegando. Y no fue obra de un gobierno sino de años de lucha de la comunidad LGBT+. Nada de eso convirtió a Argentina en un país sin discriminación pero sí en un lugar mucho más amigable. Una sociedad con más derechos es una sociedad más justa, aunque esos derechos no afecten necesariamente la vida propia, por qué una sociedad más justa es mas justa para todos. Por el contrario, un gobierno que hace bandera de la homofobia implica un retroceso enorme para toda la sociedad. MG