Ultimátum hídrico

Uno de los primeros encargos que Andrés Manuel López Obrador hizo a Claudia Sheinbaum fue resolver el problema del abasto del agua para el Distrito Federal. Hace 25 años estaban a punto de llegar al Palacio del Ayuntamiento y el jefe de gobierno electo tenía un plan de acción definido, pero sujeto a la aprobación del presidente Vicente Fox.

AMLO contó con un equipo de asesores de primera línea: Pepe Barberán y José Zamarripa lo habían acompañado desde el CEN perredista y en el trazo de su programa de gobierno intervinieron Chema Perez-Gay, Nacho Marván, Carlos Torres y Armando López-Fernández, quien fue secretario de Finanzas y oficial mayor de la Procuraduría capitalina.

Economista, graduado en Harvard y originario de La Laguna, era el único que había trabajado en el GDF con Cuauhtémoc Cárdenas, para quien diseñó la Jefatura de la Oficina e implementó un esquema de coordinación con los entonces delegados. López-Fernández y Claudia Sheinbaum, quien se haría cargo de la secretaría del medio ambiente, tenían que resolver una agenda de mediano plazo —marcada entonces por la contaminación generada por el transporte automotor— y el suministro de agua.

Las opciones que entonces analizaron estuvo el procesamiento de las reservas alojadas en el subsuelo del distrito de riego 03, en el Valle del Mezquital. La tecnología disponible permitía purificarla y traerla al Valle de México, pero la inversión requería del respaldo del gobierno federal. El panista José Luis Luege Tamargo entonces estaba al frente de Conagua y las diferencias ideológicas frenaron la implementación de esa solución.

Entonces, Sheinbaum estudió el marco legal y las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno en materia hídrica. Y ahora en el Ejecutivo federal, Efraín Morales y Aaron Mastache tienen la responsabilidad política y técnica de regularizar los títulos de concesión y la asignación de las aguas nacionales.

El Plan Nacional Hídrico es uno de los proyectos más elaborados por la actual administración y su ejecución no admitirá retrasos. Una primera etapa fue la publicación del decreto del pasado 28 de octubre que establece un procedimiento para facilitar la regularizar de los títulos de concesión cuyos volúmenes sean utilizados en beneficio del derecho humano al agua y la seguridad alimentaria.

La disposición está dirigida únicamente a los títulos de concesión que hayan perdido vigencia entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025 y que no se hayan prorrogado o la solicitud de prórroga se haya presentado fuera del plazo previsto en la ley.

Un plazo de gracia, de seis meses, para que los poseedores de títulos de concesión para uso doméstico, agrícola, pecuario y acuacultura de menos de 500,000 metros cúbicos anuales o sus beneficiarios, pudieran regularizar su situación.

Ese decreto también contempla los títulos de asignación expedidos a favor de organismos estatales o municipales operadores del servicio de agua potable y alcantarillado, en zonas

Era la última llamada, antes de la dictaminación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, que ha despertado crispación y zozobra en distintos sectores productivos. El esquema de otorgamiento de las concesiones será letra muerta.

Ahora la prioridad es garantizar la dotación de agua potable a la población en todo el territorio federal.

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