El estallido de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no fue un hecho aislado ni un acto criminal más. Un vehículo cargado con explosivos de uso minero que cruzó desde Colima, atravesó comunidades michoacanas sin ser detectado y detonó frente a la base de la policía comunitaria —porque ése era su objetivo— nos haría suponer que se trató de un acto terrorista, cuyo resultado fueron seis muertos y 11 heridos.
La fiscal general, Ernestina Godoy, así lo señaló inicialmente, sin embargo, luego de hablar con Omar García Harfuch rectificó y lo clasificó como delincuencia organizada. ¿Por qué el cambio? La explicación que da el secretario de SPC es que no puede considerarse terrorismo porque “no hubo objetivos políticos, religiosos o sociales” y, si la camioneta explotó, fue por un mal manejo de los explosivos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla repitió el guion y la presidenta Claudia Sheinbaum redujo el ataque a una más de las expresiones delictivas en Michoacán. Por una parte, el razonamiento de García Harfuch tiene lógica, pero también, si una organización armada coloca explosivos en un vehículo, lo desplaza estratégicamente a un punto de autoridad local y lo detona, ¿qué más se necesita para hablar de terrorismo?
El ataque se produce casi un mes después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y en plena implementación de los planes Michoacán y Paricutín. El lugar donde explotó la camioneta, Coahuayana, está clasificado desde hace años como foco rojo, aunque no había figurado mediáticamente; sin embargo, nos da una pista de cómo la violencia en Michoacán no sólo persiste, sino que además se ha ido expandiendo. Porque lo ocurrido allí no es un hecho aislado. En febrero de este año, otro coche bomba explotó, aunque en esa ocasión no hubo víctimas. El atentado, presuntamente, se lo atribuyó el CJNG.
La guerra entre cárteles y sus enfrentamientos contra el Ejército, Marina o GN ha llevado a estos grupos criminales a escalar la violencia con métodos cada vez más sofisticados y letales. La evidencia de terrorismo en México está presente desde hace décadas. Hay una línea continua de ataques con explosivos dirigida a autoridades o a territorios en disputa, empleando métodos que, en cualquier otra parte del mundo, serían reconocidos como terrorismo. Nuestro gobierno, sin embargo, insiste en llamarlo de otra forma.
¿Acaso es porque vincularlo a los cárteles implicaría un giro político ante los constantes amagos de Donald Trump para intervenir militarmente en nuestro territorio y atacar a los cárteles que han sido etiquetados como organizaciones terroristas? La explicación oficial en México, respecto a lo ocurrido en Coahuayana, busca cerrar esa puerta.
* Esta semana, y en una acción tipo Hollywood, con helicópteros que seguramente despegaron de un portaviones, EU interceptó e incautó en el mar Caribe un buque con petróleo venezolano. Millones de barriles tenían como destino Irán. Trump amenazó a Venezuela con imponerle más sanciones por transportar combustible y apoyar a organizaciones terroristas extranjeras. Fue un distractor para sacar a Corina Machado de la zona de riesgo.
* ¿Un nuevo mensaje para nuestro país? Un dron de reconocimiento, de la Marina estadunidense, fue detectado cerca de las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz.
* En Durango, fuerzas federales capturaron a Édgar “N”, El Limones, investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos de la región y operador de los grupos criminales Los Cabrera y Los Mayos. Buen golpe.
* ¿Alguien duda de quién protege a Adán Augusto López? La compra de más de 6 mil libros de la autoría de Andrés Manuel López Obrador por parte del senador morenista lo dice todo. Pese a que existe la instrucción de evitar cualquier filtración de investigaciones que pudieran afectarlo, no debe considerarse intocable. La nueva fiscal tiene un amplio expediente y carpetas de investigación que dejó Gertz Manero en contra de Adán Augusto por huachicol y nexos con La Barredora en Tabasco y Chiapas.
DE IMAGINARIA
El Ejército mexicano, Marina y Guardia Nacional siguen sin dar tregua a la delincuencia organizada. En 11 estados del país desmantelaron laboratorios clandestinos y realizaron decomisos significativos de fentanilo, metanfetaminas y precursores químicos. La afectación al narcotráfico es por varios miles de millones de pesos.


