En medio del rechazo por parte de la CGT al proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, cruzó al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, por haber asegurado que la iniciativa será retroactiva, pese a lo previamente anunciado por varios referentes del oficialismo, quienes en los últimos días se encargaron de aclarar que la legislación sería solo para contrataciones futuras.
“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, apuntó Jerónimo, en diálogo con Radio Mitre. El dirigente gremial aludió, así, a las declaraciones de ayer de Sturzenegger, luego que este sostuviera en una entrevista que la nueva legislación regirá para todas las relaciones laborales, “no sólo para las futuras”.
Este es uno de los ejes en discusión desde que comenzó a delinearse el boceto de la reforma. Sin embargo, varios emisarios del Gobierno dejaron trascender que la iniciativa solo regiría para los contratos pactados después de sancionada la ley y que no aplicaría el concepto de retroactividad.
“Eso demuestra que a la hora de la verdad lo que terminan mintiendo son ellos”, sentenció Jerónimo. “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender. Con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, advirtió.
“Acá no es que nadie se esté negado a sentarse porque el mundo del trabajo como lo conocíamos ha cambiado, es mucho más dinámico y genera otra perspectiva. Y nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”, agregó el sindicalista.
A lo largo de la entrevista, el jefe sindical calificó la iniciativa del Ejecutivo como “regresiva” y, en línea con lo ya señalado por la CGT, denunció una “quita de derechos individuales y colectivos”. En este marco, aclaró que, si bien la central obrera había participado del Consejo de Mayo —órgano consultivo de la reforma— a través de la representación de Gerardo Martínez (UOCRA), se retiró cuando comenzaron a plantearse “cosas ilógicas”.
En efecto, Martínez no asistió a la última reunión del Consejo de Mayo y tampoco firmó el documento final, que incluía, entre otros puntos, la reforma laboral junto a los comentarios y planteos del resto de los integrantes.
Durante el año, esta mesa de trabajo fue conformada además por Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Cecilia Domínguez, la secretaria ejecutiva del Consejo de Mayo, y del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Desde el entorno del jefe de la UOCRA ya habían sugerido que su ausencia durante el último cónclave evidenciaba una disidencia con la Casa Rosada. Dos días después, la CGT convocó a su cúpula directiva y, en una conferencia de prensa, expresó su rechazo a la iniciativa, pese a que el Gobierno había excluido previamente del proyecto la eliminación de la cuota solidaria. Un tema por demás sensible para el mundo sindical.
Tras ello, la central obrera anunció una convocatoria a la Plaza de Mayo prevista para el jueves 18 de diciembre, que podría coincidir con el tratamiento del Presupuesto 2026 en diputados. De todas formas, desde la CGT se cuidaron de no mencionar la palabra “paro”, en un intento por mantener una vía de negociación con la Casa Rosada.
Justamente el ala política del Gobierno, encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de mantener canales de diálogo con distintas terminales sindicales, en una postura más concesiva a los gremios, a diferencia de la manifestada por Sturzenegger, uno de los ideólogos del proyecto, quien inicialmente había planteado una reforma que avanzara contra “los peajes sindicales”.
Según pudo saber LA NACION, Caputo y Menem aconsejaron no ir de lleno contra los gremios y dejar fuera del proyecto la eliminación de la cuota solidaria, con el objetivo de no generar mayores fricciones con la CGT que pudieran dificultar el avance de la iniciativa en el Congreso. La cuestión de la retroactividad también generaba cierta tensión en algunos sectores de la oposición. Resta ver si, durante el debate parlamentario, lo anunciado por Sturzenegger formará parte de las negociaciones con los distintos bloques.


