El plan de Milei para desarmar el fuero laboral nacional, una de las trincheras residuales del kirchnerismo

Al menos durante este año, algunos funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y sus pares porteños habían iniciado una mesa de trabajo. La finalidad era clara: avanzar con el traspaso de fueros que actualmente están en el ámbito nacional y que debieran ser locales, de acuerdo al mandato de la Constitución de 1994. Los hombres de Mariano Cúneo Libarona y Gabino Tapia, ambos a cargo de las carteras, armaban borradores y proyectos.

De pronto, en el proyecto de ley, apareció el artículo 91 y los sorprendió. “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.

En pocas palabras, el proyecto de ley, en caso de que se apruebe, decidió que el fuero pase de Nación a Ciudad. “Fue impensado, sorpresivo. Pero en la Ciudad estamos muy contentos porque es un viejo anhelo y forma parte del reclamo de autonomía que desde el gobierno porteño históricamente hacemos”, dijo un alto funcionario de la administración de Jorge Macri.

De pronto, los borradores que no tenían fecha de puesta en marcha cierta, tomaron una enorme trascendencia. El principal: la cantidad de juzgados que ya se sabe que se crearán.

Claro que el proyecto recién se presentó en el Congreso y que resta la discusión y las negociaciones con los otros bloques. Pero, en la Ciudad está todo listo para recibir el fuero que en los últimos años se convirtió en uno de las trincheras del kirchnerismo, desde que la familia Recalde se ocupó personalmente de cada una de las designaciones.

En aquellos borradores ya se había avanzado en el traspaso. En mayo, el Consejo del Magistratura de la Ciudad llamó a concurso para empezar a tener candidatos a los juzgados. Entonces hubo 52 inscriptos y el proceso avanzó.

Entre la Ciudad y la Nación está diseñado el plan. En caso de que se apruebe, se deberá celebrar un convenio de transferencia. La idea del gobierno porteño es crear 10 juzgados laborales que empiecen a recibir todos los expedientes nuevos. “Con 10 juzgados para empezar tenemos para absorber todo lo nuevo. Vamos a estar muy lejos de los 80 magistrados que tiene hoy el fuero laboral. Para esos cargos ya están adelantados los concursos que ya se hicieron”, dijeron cerca de Tapia.

Mientras se empieza a conformar el nuevo fuero laboral en la Ciudad, esos trabajos previos habían anotado un camino para los Nacionales que el Gobierno de Javier Milei decidió cerrar. La idea es que se mantengan ahí todos los expedientes que están en curso, los iniciados. Es decir, que ninguno cambie de juez original, sino que la nueva jurisdicción se haga cargo de los nuevos sorteos.

Algunos opinan que se le dará un tiempo para que terminen. “Un plazo razonable podría ser de 5 años, por ejemplo. En ese lapso ya no recibirán nada y quedará como un fuero residual. Además, los jueces seguirán como magistrados y podrán decidir qué hacer, si pasar a la Justicia local o mantenerse, además de optar por el sistema de jubilación a los que les llegue el tiempo".

Pero claro, hay un asunto que por ahora no está del todo diseñado. Más allá de las causas de empleados y empleadores particulares, relaciones tradicionales de trabajo, hay otros temas que hoy tramitan en el fuero nacional. Por caso, todas las cuestiones que tienen que ver con sindicatos o convenios colectivos que hoy se tramitan en esos despachos. Esto estaría fuera de lo que se traspasa a la Ciudad. “Es posible que puedan quedar unos pocos juzgados laborales con funciones similares a los federales, para entender en estos asuntos que no son las relaciones individuales del trabajo”, dijo una fuente que participó de la confección del plan.

¿Qué tiempo podía llevar la elección de jueces nuevos?, preguntó LA NACION en la administración de Macri. “Alrededor de un año”, contestaron. Es decir, nada será de un día para el otro.

La transferencia de competencias entre la justicia nacional y la porteña es un proceso que lleva 30 años y que se inauguró con la aprobación de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la reforma constitucional de 1994.

Sin embargo, la inclusión del artículo ya generó un fuerte rechazo entre los magistrados. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de reforma laboral porque entienden que implícitamente deroga la vigencia del fuero laboral nacional.

En el último tiempo, el proceso de transferencia de atribuciones de la justicia nacional a la de la ciudad ya se da desde que la Corte Suprema estableció, en el fallo “Levinas”, que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es el que interviene para revisar las decisiones de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal.

Los jueces nacionales, por ahora, se han resistido aplicar este fallo porque subsume los tribunales nacionales a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Tanto en la Casa Rosada como en el gobierno porteño saben que posiblemente haya planteos judiciales a la hora de poner en marcha el artículo, siempre en caso de que se apruebe. Pero, dicen, si la Corte ya escribió el caso Levina, es muy probable que no se oponga a la creación de una nueva magistratura de la Ciudad.