El primer presupuesto de Milei consolida la motosierra y asegura desgravaciones impositivas para ciertos sectores

La Cámara de Diputados votará este miércoles en el recinto el primer presupuesto de Javier Milei, el de 2026, después de dos años de gobernar prorrogando el de 2023, el último del peronismo y aprobado por el Congreso, claro que modificado según el parecer de su motosierra para muchos y de sus rebajas tributarias para algunos. Pero “para obtener una perspectiva completa”, la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) y otras otras organizaciones recomiendan comparar las erogaciones del año próximo con las de hace tres años y el resultado es una disminución del 24,6%, es decir, un cuarto menos que implica amputar directamente determinadas tareas que antes cumplía bien o mal el Estado.

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“El proyecto establece un aumento interanual del gasto del 6,4% en términos reales en servicios sociales frente a 2025, pero este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% entre 2023 y 2026”, continúa ACIJ. Las partidas que más se recuperan son la de Seguridad Social, es decir jubilaciones y pensiones, dado que aumentan por inflación, pero el bono para la mínima se mantiene congelado en $70.000, con lo que se reduce 2,8% respecto de hace tres años.

También las de salud suben fuerte, 26,5%, porque se expande 47% el programa de los 1.000 Días, para acompañar los primeros tres años de vida de los niños, y 22% la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de modo de contrarrestar la expansión de sífilis del 71% entre 2020 y 2024. Aunque se hará con menos reparto de preservativos: 15 millones de unidades, en lugar de 54 millones, según observó la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y su Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que asisten a los diputados de Unión por la Patria (UP) Itai Hagman y Natalia Zaracho.

Quedan derogadas las leyes que durante este año aprobó el Congreso para recuperar los presupuestos de discapacidad, universidades y hospitales pediátricos como el Garrahan, según advirtieron otros diputados de UP como Carlos Castagneto y Victoria Tolosa Paz o el de Encuentro Federal Nicolás Massot. Se acotas las zonas frías que reciben subsidios al gas y la electricidad, al tiempo que se prevén más aumentos de tarifas y del impuesto a los combustibles. En cambio, se establece un mecanismo de compensación para las distribuidoras eléctricas que se hayan visto perjudicadas por las leyes de emergencia económica, aquellas que congelaron tarifas tras la crisis de 2001.

La asignación universal por hijo, que reciben desempleados y trabajadores informales, y las asignaciones familiares, que cobran los empleados formales, dejarán de actualizarse por inflación. Ahora aumentarán según el criterio y los tiempos que se le antojen al Gobierno.

En el presupuesto 2026 los gastos tributarios, es decir, las rebajas impositivas para algunos sectores, aumentan 2% en términos reales, lo que representa el 24,1% de toda la recaudación proyectada, según ACIJ. Es decir, de todo los impuestos que se recolectan, un cuarto se escurren para beneficiar a determinadas actividades. “Mientras el gasto total del Estado nacional cayó entre 2023 y 2026 casi un 25% y el gasto social lo hizo en un 16%, los gastos tributarios se redujeron apenas un 10%”, insiste la ACIJ.

Los beneficios impositivos representan el 3,4% del PBI. Más que todo lo recaudado por el IVA, equivalente al 3,2% de la economía. La rebaja de Ganancias a jueces y demás empleados del Poder Judicial suponen 0,09% del PBI; el descuento a la educación privada, 0,1%; a las prepagas, 0,05%; al impuesto a los bienes personales para quienes tienen depósitos bancarios, 0,01%; la minería, 0,06%; la electrónica de Tierra del Fuego, 0,17% y la economía del conocimiento, que beneficia a empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar, 0,5%. Estas últimas dos empresas y otras 19 fueron denunciadas por el sindicato informático ante el Ministerio de Economía por recibir el beneficio pese a presuntamente incumplir la contraprestación de mantener el personal.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) apuntó que el Gobierno determina, a su vez, un cupo fiscal o límite máximo de beneficios que el Estado puede otorgar en un período determinado. Y en este sentido señala que el cupo de la educación técnica se reduce 5,1%, el del fomento de las inversiones automotrices, 12,5%, pero el de la economía del conocimiento se eleva 39,1%, mientras se elimina el correspondiente a la promoción de energías renovables.

La ASAP, al igual que otras entidades, menciona que el presupuesto basa sus números en proyecciones macroeconómicas optimistas respecto a lo previsto por el consenso de los economistas de consultoras, bancos, universidades y think tanks relevados por el Banco Central. El proyecto prevé que la economía crezca 5,4% en 2025 y 5% en 2026, con la consiguiente expansión de la recaudación. Pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central marca un 4,4% para este año y un 3,4% para el próximo.

La inflación acabaría 2025 en 31,3% y 2026, en 18,2%, según el REM, lejos del 24,5% y del 10,1% soñados por el Gobierno para ambos periodos, respectivamente. Y el dólar mayorista ya está en $1.449 y el minorista, en $1.480. El presupuesto delira pensando que a fin de año bajará a $1.325 y para dentro de un año, a $1.423. El REM lo pronostica a 1.473 este 31 de diciembre y a 1.668 en noviembre próximo, y eso que esas predicciones se elaboraron antes de que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, se rindiera ante la evidencia y ampliara la actualización de las bandas cambiarias del 1% mensual a un ritmo igual a la inflación, que el último mes fue del 2,5%.

En el presupuesto no se prevé rebajas tributarias. La reforma prometida a los empresarios deberá esperar a las sesiones ordinarias, que comienzan en marzo. Por ahora se mantienen las retenciones a la exportación, que representa el 7% de lo recaudado, y el impuesto a las transferencias financieras, que son el 18%. Nada se habla de crear un superIVA para reemplazar a los Ingresos Brutos de las provincias.

Por lo pronto, sólo habrá algunos recortes en el proyecto de flexibilización laboral: una merma de la alícuota de Ganancias para empresas, del 35% al 31,5% para las grandes y del 30% al 27% para las pymes; a las entradas de cine y el streaming, los objetos de lujos, los autos, las motos, los barcos y los aviones, los seguros y la telefonía, curiosas rebajas para supuestamente fomentar el empleo, teniendo en cuenta que varios de esos artículos son importados y de que ciertos gravámenes financian el trabajo local. En el presupuesto sí se elimina la exención tributaria a la compra de diarios y revistas.

El diputado de UP Guillermo Michel advirtió que las rebajas impositivas de la reforma laboral no están previstas en el presupuesto. Calculó que la merma de Ganancias para compañías supone el 0,3% del PBI. Nada se dice sobre cómo se compensarán estos jubileos tributarios para algunos.

ASAP señala el incremento del 5,5% del gasto en intereses de la deuda. Eso incluyo los vencimientos por más de US$4.000 millones en enero. Caputo ya dijo que cuenta para ello con 1.000 millones que obtuvo en la colocación de un bono local, otros 7.000 millones que le ofrecen bancos y los swaps (canjes de moneda) con EE UU y China, por 20.000 millones y 18.000 millones, respectivamente.

Pero para el resto del año, Caputo buscará volver a los mercados internacionales de deuda, para refinanciar los bonos de bajísimos intereses que había renegociado en 2020 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Teniendo en cuenta eso, el proyecto de presupuesto elimina un artículo de la ley de administración financiera que obliga a que los canjes o reestructuraciones de deuda cumplan con mejoras objetivas para el Estado en términos de baja del capital, extensión de plazos, o reducción de tasa de interés. Se nota que prevé empeorarlas.

El gasto de capital, o inversión pública, caerá 11,8% respecto de 2025, con lo que consolidará una poda del 74,7% en relación a 2023, según ASAP. Entre lo poco que se hará figuran la compra de cuatro helicópteros para la Base Naval Puerto Belgrano; la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero, la del sistema de provisión de agua potable en la de Tucumán, todas provincias peronistas pero que el gobierno libertario busca seducir; algunas obras de mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad -sólo se prevé privatizar un cuarto de la red vial y persisten las críticas opositoras al estado de las rutas- y otras en la Corte Suprema. En el proyecto de 2026 se registra un fuerte aumento (35%), aunque de todas formas la inversión pública sigue quedando en un nivel históricamente bajo, 76% inferior al de 2023, según ACIJ.

En relación a 2025 se ajustan algunas partidas en general: la de inteligencia, una de las pocas que había crecido con Milei, el 3,1%; la de acciones para fomentar el trabajo, 1,3; la de vivienda, 6,9%; la de agua potable, 0,9%; la de agro, que incluye desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hasta la agricultura familiar, el 6,2%; la de ecología, 5,4% y la de comercio y turismo, el 6,1%, ambas áreas bajo control del secretario de Turismo y Ambiente (le quitaron Deportes), Daniel Scioli.

Sin embargo, en comparación con 2023, todos los rubros caen. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico:

La ASAP señala que se ponen límites a la hora de incorporar empleados públicos en áreas como ciencia, orquestas, coros y ballet nacionales o Vialidad, pero hay una excepción: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Es la dependencia que privatizará la hidrovía del río Paraná. También se da de baja las normas que obligaban a invertir el 6% del PBI en educación, entre la Nación y las provincias; el 1% en ciencia a partir de 2032 y el 0,2% de los ingresos corrientes en escuelas técnicas.

En educación se prevé un aumento del 4% en comparación con 2025 empujado por el Plan Nacional de Alfabetización, pero la retracción contra 2023 es del 49%, destacándose la caída del gasto en universidades (-31%), las becas Progresar (-76%), infraestructura y equipamiento (-84%, incluía la construcción de jardines de infante) y formación tecnológica (-88%, contemplaba el plan de reparto de computadoras), según el OCEPP. Continúa el ajuste en el complejo científico y tecnológico al comparar con 2023: el Consejo de Investigaciones, Conicet (-38%), el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, clave para recuperar la identidad de los bebes robados por la última dictadura (-55%), el Instituto de Tecnología Industrial, INTI (-48%), el INTA (-46%), la Comisión de Energía Atómica, CNEA (-65%) o la de Actividades Espaciales, CONAE (-95%).

En salud el gobierno se derrumban versus 2023 la atención a consumos problemáticos de la Sedronar (-30%), el control de alimentos y remedios de la Anmat (-31%), el Garrahan (-6%) y otros hospitales como el Carrillo (-28%), el Posadas (-30%) o el Bonaparte (-43%), según la OCEPP. Se observa una reducción del 8% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mismo organismo donde se cobraban coimas por la compra de medicamentos. El proyecto supone un 17% menos de pensiones por discapacidad.

La Tarjeta Alimentar dejó de mejorar en 2025 y junto con las partidas de niñez y adolescencia caen 44% respecto de 2023, al tiempo que se eliminó por completo el programa Economía Social. En infraestructura se quitaron partidas dirigidas a la preservación del medio ambiente; el desfinanciamiento casi total de asistencia a municipios y obras vinculadas al sistema de salud, educativas y de cuidado, se reducen lo destinado a infraestructura hídrica. Desaparecieron programas de vivienda como el Procrear y el Casa Propia, mientras que virtualmente corre la misma suerte de integración sociourbana, o urbanización de villas, así como el de mudanza de los vecinos afectados por la contaminación del Riachuelo. De las 1.365 obras registradas por la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), sólo el 37% se completó, mientras que el 63% restante se encuentra paralizado o suspendido. 

En Seguridad, “a pesar de la retórica del gobierno nacional, se destacan menor presupuesto dirigido a formación y capacitación de las fuerzas, con descensos de entre 37% y 43% respecto de 2023; una desinversión en patrullaje de fronteras o en la prevención de delitos complejos como el narcotráfico, que cae entre un 20% y un 40%”, advierte el OCEPP. Considerando el presupuesto de las cuatro principales partidas vinculadas a la prevención y atención de la violencia de género (Acompañar, Línea 144, Protección de Víctimas de Violencia y ESI), se registra una caída del 89 % entre 2023 y 2026, según ACIJ. La educación sexual integral (ESI) representa apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Se desfinancia la promoción de la salud mental. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se reduce 85% respecto a 2025, que ya había sido ínfimo, según ACIJ.

El Gobierno dictaminó el Presupuesto 2026 y sumó la derogación de la emergencia universitaria y en discapacidad

AR/MG

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