El Gobierno busca con el Presupuesto 2026 derogar la emergencia universitaria y de discapacidad
El Gobierno se enfrenta a la hora clave de la negociación que abrió con los gobernadores y la oposición dialoguista luego del triunfo en las legislativas de octubre: la votación por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La sesión está cargada de expectativa por las conversaciones de último momento en las que se enfrascó el oficialismo para salvar el proyecto, con el ministro Diego Santilli encerrado en el despacho de Martín Menem desde temprano por la mañana.
Los libertarios consiguieron el quórum con lo justo a las 14.30, gracias a un salvataje de último momento del PRO y el espacio de Miguel Pichetto. Desde entonces se espera una sesión de al menos 13 horas. No solo se discutirán las partidas de gastos para el próximo año, sino también el proyecto de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.
La estrategia del oficialismo –empoderado por ser la primera minoría tras la suma de bancas desde la victoria electoral– está en cerrar el apoyo de los diputados que responden a los gobernadores aliados. En el aire está en discusión desde el envío de recursos para las provincias a espacios de poder en la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, hay temas incómodos que se incorporaron en las últimas horas en el debate.
El articulado que busca derogar las leyes de emergencia universitaria y en discapacidad –que se conoció ayer en pleno tratamiento en comisión– se convirtió en un escollo para la votación. Hay espacios opositores cercanos a la Casa Rosada que acompañaron esas leyes y ahora están recalculando qué hacer: ¿votarán en contra de lo que aprobaron en su momento?
Los libertarios tendrían los votos para la aprobación en general del proyecto de Presupuesto pero la duda está abierta sobre la votación en particular. En la reunión de Labor Parlamentario hubo un cruce sobre cómo se ordenará la sesión, porque el oficialismo busca que los artículos se voten por capítulo. La oposición más dura quería votar artículo por artículo. La duda se saldó en el recinto: el oficialismo consiguió imponer por mayoría que se vote por capítulo. La definición se revelerá durante la noche o la madrugada, entre gallos y medianoche, luego de los discursos de los diputados.
En ese marco, si la mayoría circunstancial del oficialismo apoya el capítulo que contiene el artículo 75 (de derogación de Discapacidad y Universidades), también se caería la prórroga a la Emergencia en Pediatría, que benefició principalmente al hospital Garrahan. Las tres leyes fueron sancionadas por el Congreso, luego vetadas por Javier Milei y posteriormente consiguieron la insistencia de ambas cámaras parlamentarias con los dos tercios de los votos.
“No me gusta que compren votos”, exigió Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuando reclamó que la votación del Presupuesto 2026 sea por artículos y no por capítulo. La iniciativa libertaria la encabezó en el recinto el jefe de la bancada Gabriel Bornoroni.
Además de la derogación de las leyes sociales, el Presupuesto de Milei esconde otros recortes importantes:
- Ajuste sostenido en áreas sociales: el proyecto consolida un recorte acumulado del 15,9% real del gasto social entre 2023 y 2026, mientras el equilibrio fiscal sigue siendo el principal argumento del Gobierno de Javier Milei.
- Golpe a la Asignación Universal por Hijo (AUH): el Presupuesto desengancha la actualización automática de la AUH. Si la inflación supera la pauta oficial, la prestación se licuará, en un contexto en el que la pobreza infantil supera el 60%.
- Recorte histórico en ciencia y tecnología: la función Ciencia y Técnica cae 7,2% en términos reales en 2026, luego de desplomes del 30,2% en 2024 y del 23% en 2025. En tres años, el sistema científico perdió cerca de la mitad de su financiamiento. El CONICET, la CONAE, el INTI y la CNEA figuran entre los organismos más afectados.
- Educación y universidades bajo ajuste: el presupuesto universitario permanece prácticamente congelado y acumula una caída real superior al 30% desde 2023. La educación pasa de representar el 1,25% del PBI a apenas el 0,6%. Se consolida la eliminación del FONID, el recorte de becas y el deterioro salarial docente.
- Desfinanciamiento de políticas de niñez y género: el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufre un recorte del 85%, mientras que las partidas de Educación Sexual Integral representan solo el 2% de lo destinado en 2023. El Programa Acompañar y la Línea 144 prácticamente desaparecen.
- Cajas previsionales provinciales, sin solución estructural: el Presupuesto no garantiza un flujo mensual estable para las 13 cajas no transferidas, pese a que Nación incumple leyes vigentes. Los acuerdos se negocian caso por caso y postergan la discusión por la deuda acumulada.
- Obra pública en mínimos históricos: aunque la inversión pública sube un 35% respecto de 2025, sigue 76% por debajo de 2023, con convenios federales que en muchos casos continúan sin ejecución efectiva.
- Defensa, Seguridad y deuda, con menor recorte relativo: estos rubros caen menos que el gasto social y siguen concentrando una porción relevante del presupuesto, junto con el pago de servicios de deuda.
MC
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