Registros automotores: la reforma que nunca llega

El sistema de registro de automotores, creado hace más de 60 años, sigue mostrando su ineficiencia, vetustez, nivel de burocratización y complejidad, recargando al usuario y asignando protagonismo a sus titulares como beneficiarios de millonarios negocios, generalmente ligados a favores políticos en muchos casos claramente identificables por sus apellidos: parientes o amigos de expresidentes, gobernadores, legisladores, jueces, intendentes y concejales de distintas extracciones políticas, entre otros. En 1989 se había decretado que su asignación estaba en manos del Ministerio de Justicia, resultando inamovibles en la práctica.

En su combate a la que denomina casta, el gobierno de Javier Milei se propuso reducir su número, un desafío de camino a su total desafectación habida cuenta de que no hay sector del arco político que no esté comprometido en este infecto reparto ligado al más rancio nepotismo. Más allá de que muchos registros brinden un buen servicio, operando con honestidad, no sorprende cuántos tienen o han tenido por titulares a miembros de las familias Cerruti, Morales, Arcioni, Sapag, Arias, Anzorreguy, Granillo, Menem, Balza, Randazzo, Yacobitti, entre otros muchos menos obvios y relacionados con dirigentes como Sergio Massa, pero igualmente presentes, que han logrado alzarse con estos vitalicios privilegios.

Más allá de su función de contralor a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DRPA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, delegar este servicio en estas oficinas encierra un costo sumamente importante para las arcas del Estado cuando solo recibe un remanente de las sumas recaudadas por todo el sistema burocrático en el que intervienen también la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) y la Cámara de Comercio Automotor como mandatarios y gestores.

La dispersión de la normativa aplicable, que se pretendió corregir en reiteradas oportunidades, conforma un andamiaje cuyos criterios de regionalización también perjudican a los usuarios.

En 2024 el actual gobierno avanzó con el Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA), unificando aranceles y fijando en un 1% del valor del automotor el costo del trámite. Se bajaron los valores de emisión de títulos, cédulas de identificación y chapas patentes eliminándose la obligación de retención de impuestos provinciales y tasas municipales en el mismo trámite registral. De los 1550 registros automotores existentes se suprimieron solo 150, mayormente aquellos que se encontraban intervenidos, pero la promesa de erradicarlos sigue sin cumplirse. En 2025 se creó el Registro único Virtual (RUV) y la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (Vupra) para el cobro de aranceles, impuestos, tasas y multas de tránsito, y se dispuso la libertad de elección para patentar los vehículos en la jurisdicción que se prefiera.

Este vasto conjunto de medidas, beneficiosas para los usuarios, no se aplica en su totalidad y no terminan de resolver el costo y la burocracia tan injustificada como anacrónica que sostiene al sistema y que no existe en ningún lugar del mundo. Mientras que en la mayoría de los países los trámites de referencia solo tienen un valor acorde a la simple registración, aquí puede constituir entre el 5 y 6% del valor de transferencia o inscripción adicionando sellados, aranceles y formularios, lo cual resulta un absoluto disparate, sumados a los pagos de patente local que, en algunas provincias como Buenos Aires, asciende anualmente al 5 % del valor del automotor, cuando en otros países solo se abona una suma fija que va de los 30 a los 50 dólares al año.

Solo en transferencias de vehículos usados hubo un aumento considerable en 2025 comparado con 2024, con casi 2.000.000 de unidades y más de 600.000 inscripciones de 0Km solo de automotores, mientras que se patentaron más de 600.000 motos 0km y se concretaron 300.000 transferencias de motovehículos usados, además de operaciones de maquinaria agraria.

La estabilización de la inflación y del valor del dólar, junto con la recuperación del crédito y cierto alivio fiscal favorecieron los mejores resultados desde 2018; una danza de millones para muchos actores de un sistema que demanda transparencia, centralización y digitalización acorde a los tiempos.

Cambiar el paradigma presupone también desactivar el régimen de pago de favores políticos que no distingue entre partidos al momento de designar a los titulares de registros. Está claro que el nivel de compromiso de todos, sin excepción, es el que sostiene este otro feudo de la política que la ciudadanía reclama desactivar de una buena vez.

En diciembre de 2023 la diputada nacional Patricia Vásquez (La Libertad Avanza-Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que propone eliminar los registros automotores, asignando una patente única, con arancel único que no tenga relación con el valor del automotor, un Registro Único Nacional Digital Automotor como plataforma sustentable, la transición de un año para la digitalización completa de los legajos y terminar con el monopolio recaudatorio del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO), permitiendo los controles en cualquier taller habilitado. Asimismo, se propone la libertad y gratuidad del cambio de radicación digital, introduciéndose también la posibilidad de baja temporaria con exención de pago de patentes durante el tiempo de no uso acreditado del vehículo. El proyecto que unifica el trámite a nivel nacional eliminando las seccionales locales y el consiguiente impuesto de sellos, había perdido estado parlamentario sin haber alcanzado tratamiento en comisiones, por lo cual la diputada Vásquez volvió a presentarlo en 2025, con la esperanza de ser tratado en el año en curso.

La nueva configuración parlamentaria promete acercar las probabilidades de que el proyecto pueda llegar finalmente al recinto con el impulso del Poder Ejecutivo, supuestamente decidido a terminar con esta vieja fuente de opacidad en el financiamiento de la política. Habrá que ver si el armado político, tan comprometido como beneficiado por un statu quo obsoleto, oneroso y complicado para el usuario, está dispuesto a apoyar los cambios o si la mala política, una vez más, hará oídos sordos a los reclamos de quienes quieren ver simplificados los trámites y bajados los costos.