Desde ayer viernes 16 de enero de 2026 entró en vigor en México la prohibición constitucional de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, luego de la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La medida forma parte de una reforma en materia de protección a la salud impulsada por el Gobierno federal y aprobada por el Congreso de la Unión.
El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que a partir del 16 de enero queda prohibida toda actividad relacionada con la producción, fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, publicidad y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos, incluidos los desechables o de un solo uso.
La reforma incorpora un Capítulo XII Ter en la Ley General de Salud, donde se define a estos productos como aparatos mecánicos o electrónicos que calientan, vaporizan o atomizan sustancias (con o sin nicotina) susceptibles de ser inhaladas, y prohíbe su comercio y promoción por cualquier medio.
Excepción: el decreto exceptúa el consumo y la posesión cuando no se destinen a fines de comercialización, producción, transporte con fines comerciales, importación o exportación.
El marco sancionatorio contempla penas de uno a ocho años de prisión y multas de 100 (11,300 pesos) a 200,000 (22.6 millones de pesos) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para quien viole la prohibición por cualquier medio. Las autoridades sanitarias podrán además verificar, asegurar y disponer de los productos prohibidos.
La iniciativa fue avalada en diciembre por el Senado de la República, con 76 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 37 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y turnada al Ejecutivo para su promulgación.
Durante el debate, legisladores de oposición advirtieron sobre el riesgo de mercado negro, mientras que el bloque oficialista defendió la medida como una prioridad de salud pública, especialmente para niñas, niños y adolescentes.
Con el decreto ya vigente:
La prohibición se inserta en una reforma amplia a la Ley General de Salud que refuerza las facultades de regulación, control y vigilancia sanitaria del Estado y busca garantizar el derecho a la protección de la salud.
En ese marco, el decreto deroga disposiciones previas que se opongan a lo establecido y consolida una prohibición total del comercio y la promoción de vapeadores en México.


