La llamada Junta de Paz es una iniciativa internacional promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo declarado de resolver conflictos armados y supervisar procesos de transición política y posbélica en distintas regiones del mundo.
Concebida inicialmente como un mecanismo para acompañar el alto el fuego y la reconstrucción de la Franja de Gaza, la propuesta fue rápidamente ampliada por la Casa Blanca para abarcar crisis internacionales más allá de Medio Oriente, incluyendo conflictos activos y disputas geopolíticas de largo alcance.
El proyecto fue presentado formalmente como un órgano internacional alternativo de coordinación política, con una estructura propia, liderazgo centralizado y una carta constitutiva que define su alcance, membresía y funcionamiento. Desde su anuncio, la Junta de Paz ha generado adhesiones inesperadas, rechazos explícitos y un intenso debate sobre su impacto en el sistema multilateral liderado por las Naciones Unidas.
Donald Trump dio a conocer por primera vez la idea de la Junta de Paz en septiembre del año pasado, en el marco de la presentación de su plan para poner fin a la guerra en Gaza. En ese momento, la iniciativa fue presentada como un mecanismo de supervisión internacional para garantizar la implementación de un alto el fuego, coordinar la ayuda humanitaria y facilitar la reconstrucción del enclave palestino.
Con el correr de las semanas, la Casa Blanca dejó en claro que el alcance del organismo no se limitaría a Gaza. Según borradores de su carta fundacional, el objetivo se amplió a la prevención, gestión y resolución de conflictos en distintas regiones, bajo la premisa de que el actual sistema internacional ha demostrado ser lento, ineficaz y excesivamente condicionado por vetos políticos.
Trump, crítico histórico de la ONU, defendió la iniciativa como una respuesta pragmática a lo que considera la parálisis del Consejo de Seguridad.
La presidencia de la Junta de Paz recae exclusivamente en Donald Trump, quien será su primer titular y conservará el cargo sin límite temporal definido, incluso después de dejar la Casa Blanca si así lo decide. Según el estatuto preliminar, Trump contará con amplios poderes ejecutivos, incluyendo la capacidad de vetar decisiones, remover miembros y definir prioridades operativas.
El organismo contará con una Junta Ejecutiva fundacional, integrada por figuras clave del entorno político, diplomático y empresarial del presidente estadounidense. Entre los nombres confirmados se encuentran:
Uno de los aspectos más discutidos es el alcance real del poder de la Junta de Paz. Hasta el momento, no está claro qué autoridad legal tendrá, ni qué mecanismos de cumplimiento podrá utilizar para imponer decisiones o mediar en conflictos.
La carta fundacional establece que el organismo actuará en tareas de construcción de paz conforme al derecho internacional, pero no define sanciones, despliegues militares ni obligaciones vinculantes para los Estados miembros. Tampoco se especifica cómo se coordinará con organismos existentes como la ONU, la OTAN o la Unión Europea.
En el caso de Gaza, la Casa Blanca anunció además la creación de una Junta Ejecutiva específica, encargada de respaldar una administración palestina de transición. Sin embargo, la superposición de funciones entre ambos órganos genera dudas sobre su funcionamiento práctico.
Según el borrador del estatuto, los países miembros tendrán mandatos de tres años, renovables. Existe, no obstante, una cláusula polémica: los Estados que deseen membresía permanente podrán obtenerla mediante una contribución voluntaria de hasta 1.000 millones de dólares para financiar las actividades del organismo.
La Casa Blanca aclaró que el aporte económico no es obligatorio, aunque reconoció que otorga beneficios institucionales. Esta disposición generó fuertes críticas, especialmente en Europa, donde se interpreta como una forma de privatización del multilateralismo.
El Vaticano, por ejemplo, adelantó que cualquier eventual participación excluiría aportes financieros, al no estar en condiciones de realizarlos.
Según declaraciones de Steve Witkoff, al menos 25 países ya aceptaron la invitación para sumarse a la Junta de Paz. Entre ellos figuran aliados tradicionales de Estados Unidos y países con relaciones históricamente tensas con Washington.
En Medio Oriente, confirmaron su adhesión:
También se sumaron países de otras regiones, como:
Un caso particularmente sensible es el de Bielorrusia, cuyo régimen encabezado por Alexander Lukashenko, aceptó la invitación pese a su aislamiento internacional y su cercanía con Rusia.
También aceptaron Armenia y Azerbaiyán, países que firmaron un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos tras reunirse con Trump en la Casa Blanca.
Varios aliados cercanos de Washington respondieron con cautela o rechazo directo. Entre los países que ya confirmaron que no se sumarán figuran:
Italia también expresó reparos, y medios locales señalaron que integrarse a un organismo liderado por un jefe de Estado extranjero podría violar su Constitución.
Otros países clave como Alemania, Reino Unido y Japón no han definido públicamente su postura, aunque Berlín adelantó que su canciller no asistiría al acto fundacional en Davos.
Canadá dijo haber aceptado “en principio”, aunque aclaró que los detalles aún están en discusión.
Ucrania, en tanto, evalúa la propuesta con cautela. El presidente Volodimir Zelensky afirmó que le resulta difícil imaginar compartir un órgano con Rusia tras años de guerra.
El Vaticano confirmó haber recibido la invitación. El papa León XIV está analizando la propuesta, según el secretario de Estado Pietro Parolin, quien pidió tiempo para una decisión y advirtió sobre el impacto negativo de las tensiones internacionales actuales.
Hasta ahora, Rusia y China no han confirmado su participación. Ambos países, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con poder de veto, observan la iniciativa con cautela.
Moscú mantiene un diálogo más fluido con Washington desde el regreso de Trump, pero no ha definido si se sumará. Beijing, por su parte, atraviesa una tregua comercial con Estados Unidos, aunque sigue defendiendo el rol central de la ONU en la gobernanza global.
El principal cuestionamiento es que la Junta de Paz podría debilitar el sistema multilateral existente, al crear un foro paralelo dominado por una sola potencia y sin mecanismos claros de control colectivo.
Críticos señalan que el diseño del organismo —con veto exclusivo para Trump, membresías pagas y liderazgo personalizado— rompe con los principios tradicionales de equilibrio y consenso que rigen las instituciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.
Para sus defensores, en cambio, la Junta representa una oportunidad para destrabar conflictos que llevan años estancados y ofrecer soluciones más rápidas y directas.
(Con información de AFP, Reuters y EFE)

