Enviar criminales no corrige la impunidad interna

En su columna “37 más en bandeja”, publicada en El Heraldo de México, Manuel López San Martin pone el dedo en una llaga persistente del sistema de justicia mexicano: la facilidad con la que el Estado entrega reos a Estados Unidos contrasta con su incapacidad —o falta de voluntad— para juzgarlos en territorio nacional.

El texto parte de un hecho concreto: una nueva entrega de presuntos criminales a autoridades estadounidenses. Para el autor, estos traslados no son una señal de fortaleza institucional, sino todo lo contrario. Revelan que México prefiere deshacerse del problema antes que enfrentar los límites de su propio aparato judicial, incapaz de investigar, procesar y sentenciar a los responsables de delitos graves.

Manuel plantea una pregunta incómoda: si el sistema de justicia funciona, ¿por qué los casos más relevantes terminan resolviéndose fuera del país? La respuesta, sugiere, está en la fragilidad de las fiscalías, la captura política de las instituciones y la selectividad con la que se aplica la ley.

La crítica se vuelve más punzante cuando el columnista contrasta estas entregas con la ausencia de investigaciones contra personajes del círculo político de Morena que han sido señalados públicamente: Adán Augusto López, Andrés Manuel López Beltrán (Andy), Rubén Rocha Moya y Mario Delgado Bedoya, entre otros. Mientras criminales son enviados al extranjero, estos nombres permanecen fuera del alcance de cualquier indagatoria formal.

Para Manuel, las entregas se han convertido en una coartada: sirven para mostrar cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, pero evita tocar las redes de protección política que sostienen la impunidad interna. No hay juicios, no hay verdad judicial, no hay rendición de cuentas ante la sociedad mexicana.

El resultado es un mensaje perverso: el castigo existe, pero solo si lo impone otro país.

Entregar reos no sustituye impartir justicia. Mientras México siga exportando sus casos más incómodos y blindando a figuras del poder político, la impunidad no solo continuará: se institucionalizará. Un Estado que no juzga a los suyos termina dependiendo de otros para hacer lo que le corresponde. Y eso no es cooperación, es renuncia.

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