Reforma electoral, la prioridad en el Congreso de la Unión

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"Habíamos dicho que el mes de febrero era la fecha fatal para el envío. Sé que están todavía dialogando con el PT, el Verde y Morena en la Secretaría de Gobernación, pero no tenemos ningún insumo, ni tampoco proyecto o iniciativa de ley que nos haya remitido el Ejecutivo en esa materia".

A pregunta específica sobre si descartaría la posibilidad de retirar la iniciativa de reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la falta de apoyo por parte de sus aliados pevemistas y petistas, respondió:

"No, no puedo decir eso porque es muy riesgoso. Confío en que se logren acuerdos, confío en que haya el consenso para la presentación de la iniciativa, pero no podría asegurar eso".

Una vez que el Ejecutivo federal termine la negociación con el PVEM y PT, que junto con Morena forman parte del Movimiento que gobierna el país, y remita la iniciativa de reforma electoral a cualquiera de las dos cámaras del Poder Legislativo, anticipó, iniciará la "discusión general" con todas las fuerzas políticas representadas en su seno.

"Están intentando hacerlo, primero, con el movimiento", dijo, y que la Secretaría de Gobernación seguramente abrirá el diálogo Epara escuchar a todos".

Monreal Ávila detalló que entre febrero y el próximo 30 de abril en la Cámara Baja se abordarán también las reformas presidenciales anunciadas para fortalecer el sistema anticorrupción; "sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican leyes anticorrupción. Estamos en espera de que se nos envíen formalmente para empezar a trabajar con todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Estoy enterado, porque me han anunciado que las enviarán en los próximos días".

Entre los temas prioritarios que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de senadores y aliados promoverán durante los próximos tres meses destacan las reformas que quedaron pendientes en el periodo de sesiones ordinarias que concluyó en diciembre pasado, entre otras al Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de seguridad y justicia, que establece la protección de la seguridad de los jueces y fija lineamientos para combatir delitos cometidos en flagrancia.

Además de la reforma al Artículo 123, apartado A de la Constitución, en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas.