La vista gorda de Morena … y de todos

A la presidenta le molesta que se hable de las presiones de Trump para que tome cartas contra los narcopolíticos. Pero en los últimos días se hizo evidente que las presiones existen, al grado de que ya se consideró indispensable dar señales de que algo se está haciendo para limpiar la casa. Primero fue la defenestración de Adán Augusto López como líder de la bancada morenista en el Senado. Luego, el arresto de Diego Rivera Navarro, el impresentable alcalde de Tequila, que ya era conocido desde hace un buen rato por sus tropelías, y de quien ahora nos enteramos que operaba bajo las órdenes de El Mencho.

Justo es subrayar que la colonización de la política por parte de los criminales no es un mal exclusivo de Morena. Tampoco es un fenómeno nuevo. Hace 20 años, en Michoacán, La Familia Michoacana fue quizá la primera organización en entrarle de lleno al negocio de controlar ayuntamientos. Luego, a lo largo de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, los grandes cárteles se diversificaron y el narcotráfico dejó de ser su único giro delictivo. Con el auge del cobro de cuota, el control del territorio se volvió indispensable y la práctica de cooptar autoridades locales se extendió a varios estados.

El de Tequila es un caso notorio, por el perfil de las víctimas y por el descaro del alcalde, pero está lejos de ser una excepción. Es un reflejo de un problema sistémico. De los gobernadores en funciones, hay siete que tienen señalamientos –no probados, pero sí creíbles– de que colaboran con el crimen organizado. Eso sin contar a otros mandatarios estatales con un alto grado de exposición, ya sea por su cercanía a personajes del mundo criminal o porque se sabe que ya han sido amenazados.

En el ámbito municipal, son al menos 44 los alcaldes que fueron elegidos para periodos en curso y que tienen señalamientos de colusión con el crimen organizado. De éstos, un puñado ya fue detenido, pero la mayoría siguen en funciones. No es sorpresa que el CJNG sea el grupo más prolífico en materia de cooptación de alcaldes (en 18 casos el supuesto vínculo es con la organización de las cuatro letras). Michoacán es, de lejos, el estado donde los señalamientos son más numerosos, con 15 alcaldes, pero también hay varios casos en Morelos (cuatro), Chiapas (cuatro), Jalisco (tres) y Guerrero (tres).

Estas cifras se refieren sólo a señalamientos que se han ventilado en fuentes periodísticas. La realidad es que el control criminal sobre los ayuntamientos es un fenómeno que se extiende por regiones enteras del país. Por lo que se ha filtrado de la investigación en Tequila, el CJNG operaba un sofisticado esquema de cobro de cuota, donde la policía municipal actuaba como brazo armado y el aparato burocrático del ayuntamiento como brazo administrativo de los extorsionadores (el esquema me recuerda bastante al que operó en Nayarit en tiempos del gobernador priísta Roberto Sandoval y del temible fiscal Edgar Veytia, El Diablo). En Tequila, el alcalde Rivera Navarro se comprometió a entregar 40 millones de pesos al año a sus socios criminales. Sería muy ingenuo creer que el CJNG no buscó replicar este lucrativo modelo de negocio con otros de sus alcaldes.

La triste realidad es que, en buena parte del país, hay una simbiosis entre la política local y el crimen organizado. Todos los partidos han solapado este fenómeno en alguna medida. Todas las dirigencias han decidido hacerse de la vista gorda y luego decirse muy sorprendidas cuando estallan casos como el de José Luis Abarca, el de Roberto Sandoval o ahora el de Diego Rivera Navarro. Aun así, el acelerado crecimiento electoral de Morena a lo largo de la última década y la tibieza de AMLO con la delincuencia hicieron particularmente vulnerable al partido oficial.

Todavía es impensable que la presidenta Sheinbaum busque de motu proprio una purga a gran escala en su partido. No le conviene por ningún lado: la cacería de brujas no tendría fin y llevaría a la fractura y al debilitamiento del movimiento. Me parece que por ahora su estrategia será el control de daños: hacer escarnio público con Rivera Navarro y con alguna otra figura tóxica, pero secundaria; buscar una salida discreta para los peces gordos, como Adán Augusto, y apostarle a que con eso baste para aplacar a Washington.

Sobre todo, Palacio Nacional evitará que se indague más sobre los casos de los gobernadores, o sobre el papel que Mario Delgado y las dirigencias estatales de Morena desempeñaron en las postulaciones de narcocandidatos.

Lo que sería transitable –y muy benéfico para el país– sería mirar hacia el futuro y buscar un blindaje efectivo de los candidatos y los procesos electorales que vienen. Este blindaje no puede lograrse con una simple revisión burocrática de la FGR para checar si hay carpetas de investigación (que es, de acuerdo con Sheinbaum, lo que se ha hecho en los últimos comicios). Lo que se requiere es un trabajo proactivo y profesional de inteligencia, acompañado de un acuerdo con todas las fuerzas políticas para no respaldar perfiles vinculados con el crimen organizado. Dicho en otras palabras: que se investigue en serio a los aspirantes y que los partidos, todos, dejen de hacerse de la vista gorda.