Diputados convoca a audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares

La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública para recibir opiniones sobre el proyecto que modifica la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. La convocatoria se publicó este martes en el Boletín Oficial y fija dos jornadas de debate para el 25 y 26 de marzo.

La convocatoria fue dispuesta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, según la resolución difundida en el Boletín Oficial. El 25 de marzo participarán quienes se inscriban para exponer de manera presencial, mientras que el 26 de marzo lo harán los participantes que intervengan de forma virtual. En ambos casos, las exposiciones se desarrollarán entre las 10 y las 19.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse de manera presencial en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales o mediante un formulario que se publicará en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados. El plazo para anotarse se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 para las inscripciones presenciales y hasta las 20 para las presentaciones virtuales.

El llamado se produce después de que el Senado le diera media sanción, el pasado 26 de febrero, al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la ley de glaciares. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención durante el debate en la Cámara alta.

La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyaron la iniciativa, el resto osciló entre el rechazo y un acompañamiento tímido.

El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.