Los productores podrán elegir un veterinario privado para vacunar contra la aftosa

SAN NICOLÁS.– El Gobierno avanzó en una flexibilización del esquema sanitario e introducirá importantes cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina que rige hoy en la Argentina. A partir del 1° de enero de 2027, los productores podrán elegir libremente al veterinario privado acreditado ante el Senasa que realizará la aplicación de las vacunas en sus rodeos. Se especulaba con que el anuncio sería anticipado esta tarde en Expoagro por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, pero finalmente el funcionario no lo mencionó durante su presentación junto a Diego Santilli ministro del Interior.

El plazo definido es para que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) pueda adaptar sus sistemas de información y los mecanismos de control vinculados a las campañas de vacunación.

Desde hace tiempo que los productores reclaman que se sienten cautivos de las fundaciones por la diferencia en el precio que existen entre los distintos entes y piden una urgente intervención del organismo sanitario. La medida quedará oficializada mañana con la publicación de una resolución del Senasa en el Boletín Oficial con la firma de su presidenta, María Beatriz Giraudo.

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Según la normativa a la que accedió LA NACION, el nuevo marco normativo modifica la operatoria vigente dentro del Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina y apunta a ampliar la libertad de elección de los productores en la contratación del servicio sanitario.

En concreto, la normativa establece que los titulares de establecimientos ganaderos podrán acordar directamente con un veterinario privado acreditado ante el organismo sanitario la compra, conservación y aplicación de las vacunas obligatorias. De esta manera, se introduce un esquema más flexible en la organización de las campañas sanitarias.

“Se establece que, a los fines de dar cumplimiento con las campañas de vacunación oficial establecidas en el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina, el titular de un Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuario (Renspa) podrá acordar y seleccionar libremente el servicio de un veterinario privado acreditado ante el Senasa como vacunador”, señala la resolución.

El cambio implica que el productor podrá decidir quién se encargará del proceso sanitario dentro de su establecimiento, siempre que se trate de profesionales habilitados por el organismo nacional. Según detalla la norma, el productor “podrá requerir los servicios de un veterinario privado acreditado ante el Senasa como vacunador para la compra, guarda y aplicación de las vacunas antiaftosa y antibrucélica, durante las campañas de vacunación sistemática y/o vacunaciones estratégicas”.

En esa línea, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, viene impulsando la idea de liberar la comercialización de la vacuna contra la fiebre aftosa. En ese contexto, recientemente se habilitó el ingreso de un nuevo laboratorio al mercado, Tecnovax con una vacuna brasileña.

Hasta ahora, el sistema de vacunación se apoyaba principalmente en la estructura de entes sanitarios regionales, las llamadas fundaciones, que se dedicaron a organizar las campañas en cada zona luego de que reaparecieran los focos de aftosa en 2001. Con la nueva resolución, ese esquema seguirá funcionando, pero se abre la posibilidad de que el productor opte por otro modelo.

La norma aclara que mientras no se informe un cambio, el establecimiento continuará vinculado al sistema actual. “En tanto no se comunique fehacientemente la designación de un veterinario privado Acreditado, se mantendrá asociado por defecto al ente sanitario correspondiente al plan local de vacunación antiaftosa”, indica el texto.

La resolución también fija las condiciones para implementar este nuevo sistema. Para hacerlo, el productor deberá informar su decisión al Senasa mediante el sistema de autogestión habilitado por el organismo.

En los casos de vacunación sistemática, la comunicación deberá realizarse con anticipación. La normativa establece que “la comunicación deberá realizarse con una antelación mínima de 30 días corridos previos al inicio de la primera campaña oficial de vacunación del año”. Para las vacunaciones estratégicas, en cambio, el productor podrá informar su decisión en cualquier momento del año, según lo previsto por el esquema sanitario.

Además, el nuevo régimen fija las responsabilidades de los veterinarios privados que participen en el programa. Entre los requisitos centrales, deberán estar acreditados por el Senasa y cumplir con las normas sanitarias establecidas.

La resolución dispone que los profesionales deberán “estar acreditados ante el Senasa como vacunador” y también “estar acreditado ante el Senasa al programa de brucelosis bovina”.

Otro de los puntos clave es la responsabilidad en el manejo de las vacunas. La norma establece que el veterinario será responsable de garantizar la correcta conservación de los productos biológicos. El texto señala que el profesional “es el responsable de la preservación de la cadena de frío y de las condiciones de almacenamiento de las vacunas desde la compra hasta su aplicación”.

También se establece que las dosis deberán ser adquiridas en establecimientos autorizados y enviadas directamente a depósitos habilitados o puntos de vacunación para asegurar su conservación hasta el momento de ser utilizadas.

El esquema sanitario prevé, además, la vacunación simultánea contra ambas enfermedades en determinados casos. Según la resolución, si el establecimiento posee terneras en edad de vacunación contra brucelosis, “deberán aplicar la vacunación antibrucélica en simultáneo con la de aftosa”.

Los veterinarios también tendrán obligaciones administrativas vinculadas al registro de las aplicaciones realizadas. La norma establece que deberán registrar las actas sanitarias en el sistema oficial. De acuerdo con el texto, deberán “registrar las actas de vacunación simultánea en el SIGSA en un plazo no mayor a siete días corridos desde el día de aplicación”.

Además, actuarán como parte del sistema de vigilancia sanitaria. La resolución establece que deberán “actuar como agentes de información en la vigilancia de las enfermedades de los animales”, así como reportar cualquier novedad relevante desde el punto de vista sanitario.

El Gobierno justificó la medida en el marco del proceso de simplificación administrativa y desregulación impulsado por el Poder Ejecutivo. En ese contexto, el texto señala que se busca “actualizar los procedimientos normativos establecidos en razón de mejorar la operatividad en lo relativo a la campaña de vacunación antiaftosa y antibrucélica”.

Por último se remarca que la decisión apunta a brindar mayor libertad de acción a los productores. Según la resolución, la medida pretende “ampliar la libertad de acción en favor de los administrados en la elección de los actores intervinientes en las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa”.