En el debate por la media sanción del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) en el Senado de la Nación el pasado 26 de febrero, quienes se opusieron a su aprobación repitieron hasta el cansancio que había que “proteger el agua de los glaciares y geoformas periglaciares”. Sin embargo, no leyeron —o no quisieron leer— el texto finalmente sancionado dado que mantiene incólume el objeto de protección de la ley vigente: los glaciares y geoformas periglaciares que constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos. Es decir, aquello que cumple una función hídrica estratégica permanece inalterado.
La imputación de que la adecuación implica desproteger el agua es, por lo tanto, jurídicamente incorrecta. Pero más preocupante que el error técnico es la pobreza conceptual del planteo. No hay una sola propuesta superadora. No hay una mirada estratégica sobre el problema de fondo: el retroceso de los glaciares es un fenómeno global y la crisis hídrica es mundial. Pretender que la Argentina puede quedar al margen de esa realidad mediante consignas declamatorias es, en el mejor de los casos, ingenuo. Máxime cuando el IANIGLA ha indicado que, “en el caso de los Andes Desérticos, los análisis presentados previamente, indican una disminución en el área de los glaciares descubiertos del 17% y en los manchones de nieve del 23% en los últimos 10 años”, esto es, durante la vigencia de la Ley 26.639.
Los glaciares retroceden en los Andes, así como en los Alpes, el Himalaya y Alaska. La crisis hídrica afecta —o afectará, tarde o temprano— a todo el planeta. Ninguna consigna local detendrá procesos globales. La pregunta relevante no es cómo negar el problema, sino cómo prepararnos para afrontarlo.
Y la respuesta es incómoda para ciertos discursos: la única forma de enfrentar con éxito los desafíos climáticos es generando riqueza. No hay transición energética, infraestructura hídrica ni desarrollo tecnológico sin inversión. No hay resiliencia climática sin capacidad financiera.
Mientras en la Argentina se discute cómo prohibir, en otras regiones del mundo se discute cómo innovar y cómo generar la riqueza que pueda solventar esa innovación.
En efecto, los países árabes del Golfo enfrentan desde hace décadas una escasez estructural de agua dulce. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin poseen climas extremadamente áridos y recursos hídricos naturales muy limitados. Lejos de resignarse a esa realidad, invirtieron de manera sostenida en tecnologías de desalinización de agua de mar.
Hoy, Arabia Saudita es uno de los mayores productores mundiales de agua desalinizada. Más del 50% del agua potable del país proviene de plantas desalinizadoras. Emiratos Árabes Unidos obtiene cerca del 40% de su agua de esta fuente, mientras que en Catar y Kuwait la proporción es aún mayor. Estas naciones han desarrollado complejas redes de plantas de ósmosis inversa y de destilación térmica que permiten abastecer ciudades enteras en medio del desierto.
La desalinización, que hace algunas décadas era una tecnología extremadamente costosa y energéticamente ineficiente, ha reducido significativamente sus costos gracias a avances en membranas, eficiencia energética e integración con energías renovables. Países como Arabia Saudita están combinando grandes plantas desalinizadoras con parques solares para reducir la huella de carbono del proceso.
Estos Estados no resolvieron su crisis hídrica con consignas; la enfrentaron con inversión, planificación y desarrollo tecnológico. Lo hicieron porque contaban con recursos económicos para hacerlo. Generaron riqueza —principalmente a través de la explotación de hidrocarburos— y la utilizaron para financiar infraestructura crítica.
Un caso paradigmático es el de Israel. Con un territorio mayoritariamente árido y sin grandes ríos, el país enfrentó históricamente severas restricciones hídricas. Sin embargo, decidió convertir esa limitación en un motor de innovación.
Hoy, aproximadamente el 70% del agua para consumo doméstico en Israel proviene de plantas desalinizadoras ubicadas sobre el Mediterráneo, entre ellas las de Sorek, Ashkelon y Hadera, consideradas entre las más eficientes del mundo. Israel no solo abastece a su población con agua desalinizada, sino que también exporta tecnología y know-how en gestión hídrica.
Pero la estrategia israelí no se limitó a desalinizar. El país desarrolló sistemas de riego por goteo de alta eficiencia —tecnología que revolucionó la agricultura mundial— y reutiliza cerca del 85% de sus aguas residuales tratadas para uso agrícola, el porcentaje más alto del planeta. Como resultado, Israel posee una agricultura altamente productiva en condiciones climáticas adversas y exporta productos agroindustriales a gran escala.
La Argentina posee una de las mayores disponibilidades de agua dulce per cápita del mundo. Miles de millones de litros de agua escurren anualmente hacia el océano sin que existan políticas para su aprovechamiento estratégico. A su vez, contamos con más de 4.700 kilómetros de litoral marítimo, un recurso potencial para el desarrollo futuro de plantas de desalinización si las condiciones lo exigieran.
Sin embargo, en lugar de debatir sobre generación de riqueza e implementación de incentivos para la inversión en infraestructura hídrica, almacenamiento, reutilización, eficiencia de riego o incluso investigación en desalinización, el debate público se ha reducido a consignas prohibitivas que no ponen el foco en los glaciares y geoformas periglaciares que, efectivamente, constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos.
El verdadero ambientalismo no debería consistir en impedir toda actividad productiva, sino en generar las condiciones para que el país disponga de los recursos necesarios para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. La transición energética, la modernización de redes de agua, la construcción de embalses, la digitalización de sistemas de riego y la investigación en nuevas tecnologías requieren capital.
Sin crecimiento económico no hay Estado capaz de financiar políticas públicas ambiciosas. Sin incentivos para la inversión privada no hay innovación tecnológica. Sin riqueza no hay resiliencia climática.
Pensar que la Argentina puede enfrentar el retroceso glaciar y la crisis hídrica global únicamente a través de prohibiciones es desconocer la experiencia internacional. Los países que mejor han enfrentado la escasez de agua no son los que más restringieron, sino los que más innovaron.
Generar riqueza no es una consigna ideológica; es una condición material para la adaptación climática. Si la Argentina quiere estar preparada para los desafíos del siglo XXI, necesita abandonar el infantilismo declamatorio y abrazar una estrategia de crecimiento inteligente. Porque, en definitiva, la manera más realista de proteger el agua del futuro es contar con los recursos para gestionarla.
*El autor es abogado (Universidad Católica de la Plata, Argentina), magíster en Derecho Empresario (Universidad Austral, Argentina), máster en Derecho de la Empresa (Universidad Francisco de Vitoria, España), LLM en Recursos Naturales (Universidad de Denver, Estados Unidos), doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad Católica Argentina, Argentina).


