El Senado de la República recibió el llamado "Plan B" en materia electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que plantea limitar las remuneraciones de dirigentes de partidos y funcionarios electorales, entre otras medidas para reducir "los privilegios" de la burocracia política.
La propuesta entregada a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, este martes llega una semana después de que el Congreso de la Unión rechazó su iniciativa de reforma electoral, la cual buscaba reducir el presupuesto de los partidos y quitarles el poder de seleccionar a dedo a sus candidatos parlamentarios, lo que requería modificar la Constitución.
El nuevo plan, entregado a los senadores por Juan Ramiro Robledo, enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, plantea cambios a leyes constitucionales que no afectan los intereses de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes ya anticiparon su apoyo, y leyes secundarias, que no requieren mayoría calificada.
En conferencia de prensa, previo a la entrega del documento en el Senado, el diputado morenista Ricardo Monreal confirmó que el "Plan B" ya no incluirá la consulta popular en temas electorales como plurinominales y financiamiento a partidos.
Poco antes de que llegara la iniciativa a la Cámara Alta, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier Velazco, consideró que la iniciativa planteada por la jefa del Ejecutivo es congruente con los principios de austeridad republicana, respeta al federalismo, al municipalismo y el régimen anterior de los estados.
El senador morenista aseguró que al "Plan B" entregado por Sheinbaum no se le dará “fast track” en el Senado, sino que seguirá el trámite legislativo ordinario.
El legislador insistió ante medios en el Senado que se dará cumplimiento de acuerdo con lo que establece el proceso legislativo, es decir que se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Sin embargo, Mier Velazco estimó que una vez que sea aprobado en comisiones y se remita al Pleno, la iniciativa podría ser aprobada antes de Semana Santa que iniciará el próximo domingo 29 de marzo.
Los cambios incluyen poner topes a las remuneraciones de los jefes partidarios, que no podrán ganar más que la presidenta, y medidas para transparentar esos salarios. También propone fiscalizar con mayor rigor el origen de los recursos en campañas políticas.
En esa línea, plantea formalizar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda para investigar aportes sospechosos.
Plantea además topes salariales y recorte de prestaciones para los máximos dirigentes y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), la autoridad electoral mexicana, y para miembros de los tribunales electorales. También propone reducir progresivamente en 15% el presupuesto del Senado.
"Ese es el plan B y como presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos", explicó Sheinbaum en su conferencia matutina de este 17 de marzo.
La reforma apunta también a disminuir el tamaño y el gasto de la burocracia de representación.
Para ello, propone recortar el número de regidurías (personas encargadas de representar a la ciudadanía en un ayuntamiento) y poner tope presupuestal a los Congresos estatales, el cual no podrá ser mayor al 0,7% del presupuesto de cada estado.
También plantea ampliar el plazo durante el cual los ciudadanos puede solicitar un referéndum de revocación de mandato del presidente de turno o de los gobernadores, figura instaurada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
(Con información de AFP.)
