Donald Trump retomó una iniciativa central de su primera gestión al impulsar un mecanismo que endurece nuevamente el acceso a beneficios migratorios para extranjeros que viven en Estados Unidos de manera regular. En específico, el gobierno federal avanza con una propuesta que busca reinstalar sanciones para quienes utilicen programas públicos esenciales.

El regreso del enfoque de “carga pública” a la administración Trump

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó que pretende devolver a los oficiales de inmigración la autoridad para impedir la residencia permanente a extranjeros con estatus legal que recurran a Medicaid o a sistemas de asistencia alimentaria y habitacional.

Según consignó Politico, esta decisión del DHS recupera el espíritu de la política de “carga pública” (public charge) aplicada en la primera etapa presidencial de Trump. La normativa fue suspendida en 2021 y derogada formalmente un año después.

El nuevo planteo establece la derogación de la norma firmada por el gobierno de Joe Biden en 2022, aunque no restituye exactamente la versión original de la era Trump. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anticipó que difundirá más adelante una guía adicional que ampliará el margen de decisión de los agentes encargados de evaluar si una persona es considerada o podría representar una “carga pública”.

Con este cambio, cada oficial tendría mayor discrecionalidad para determinar si un solicitante pone en riesgo recursos públicos, incluso si ya reside de manera legal en Estados Unidos.

Los detalles de esta política contra migrantes que impulsa la administración Trump

Luego de anunciar la propuesta, el DHS abrió un período de 30 días para que el público presente observaciones. La resolución final se conocerá tras el análisis de esos comentarios.

Según los documentos citados por Politico:

• La nueva orientación mantiene la idea de que el Estado no debe “incentivar la inmigración” mediante el acceso a beneficios federales.
• Las personas recién llegadas deben demostrar capacidad de sostenerse económicamente y no depender de programas financiados por los contribuyentes.
• La administración Trump vuelve a considerar que el uso de seguros médicos públicos, en especial Medicaid, constituye una forma de asistencia social.
• Esta perspectiva se distancia del estándar histórico, ya que por décadas la categoría de “carga pública” se vinculó solo a ayudas monetarias directas y no a seguros de salud.

El impacto que tendría la nueva política de Trump sobre comunidades inmigrantes

Si esta política se implementa, podría generar consecuencias graves para familias enteras, incluidas aquellas que no están directamente afectadas por la norma. De acuerdo con Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families, esa tensión ya se observa en la vida cotidiana de muchas personas.

“Los inmigrantes no viven aislados. Muchos de ellos viven en familias con estatus migratorio mixto”, explicó Cadena a Politico, y describió cómo la preocupación por comprometer un trámite migratorio lleva a que individuos con derecho legal a beneficios eviten utilizarlos. Según afirmó, se observa “una caída en los pacientes que asisten a turnos médicos”.

Esa conducta podría profundizarse. Los expertos consultados por Politico advirtieron que una reducción en el acceso a controles preventivos elevaría la presión sobre hospitales saturados, incrementaría visitas a emergencias por dolencias no tratadas a tiempo y entorpecería estrategias para contener enfermedades infecciosas o manejar afecciones crónicas.

El fenómeno también afectaría a ciudadanos estadounidenses que conviven con familiares con otro estatus migratorio y que, por miedo, abandonarían sus coberturas médicas.

Los efectos que tuvo durante la primera gestión de Donald Trump

La evidencia disponible muestra que la política anterior tuvo un impacto más allá del alcance formal de la norma. Un estudio de 2021 citado por Politico concluyó que la regla original disuadió a gran cantidad de inmigrantes de bajos ingresos de buscar atención sanitaria, incluso a aquellos que, por ser residentes permanentes legales, no estaban incluidos entre los afectados. Más de una cuarta parte de quienes tenían “green card” decidió no usar servicios médicos.

En paralelo, otro análisis realizado por la Universidad George Washington señaló que esta misma regulación potenció las desigualdades raciales en contagios y muertes durante la pandemia de Covid-19, porque numerosos inmigrantes evitaron testearse o tratarse para no correr riesgos migratorios.