Para el presidente argentino, la designación del teniente general Carlos Alberto Presti busca ponerle fin a “la demonización de las Fuerzas Armadas”. Para los organismos de derechos humanos, se trata de una “provocación” por tratarse de un militar que nunca condenó los crímenes de la dictadura Un represor de la ESMA y la hermana de un diputado de Milei, detrás de la marcha que pide liberar a los genocidas El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Argentina también se recuerda la restauración de la democracia, en 1983. En este día histórico asumirá al frente del Ministerio de Defensa un militar —por primera vez en 42 años—, que, además, es hijo de un represor de la última dictadura. Para Javier Milei, la designación de Carlos Alberto Presti busca ponerle fin a “la demonización de las Fuerzas Armadas”. Para los organismos de derechos humanos, en cambio, se trata de una “provocación”. Carlos Alberto Presti, quien la semana pasada recibió las insignias correspondientes a la máxima jerarquía de teniente general, se ha desempeñado como jefe de Estado Mayor del Ejército desde el 29 de diciembre del 2023, a poco de la llegada de Milei al poder. Presti anticipó que asumirá el cargo de ministro de Defensa sin pasar a retiro en las Fuerzas Armadas, como le reclaman voces opositoras. Y ascenderá a jefe de gabinete a Guillermo Madero: el actual subsecretario de Defensa tiene como antecedente haber obstaculizado la búsqueda de bebés robados durante el terrorismo de Estado. “El hijo de un genocida” Pablo Llonto, abogado desde 1983 en juicios por crímenes de lesa humanidad, señala a elDiario.es que para los organismos defensores de los derechos humanos estos nombramientos representan una provocación. “Se coloca al hijo de un genocida al frente de Defensa, que asume justo el Día Internacional de los Derechos Humanos. A Presti jamás se le escuchó un repudio al golpe del 24 de marzo de 1976 ni criticar a quienes cometieron los horrendos crímenes del 76 al 83. Madero obstaculizó el tema de los juicios, entonces forman parte de las medidas tomadas por el Gobierno para tratar de obstaculizar lo máximo posible la búsqueda de justicia”. El nombrado ministro de Defensa es hijo de Roque Carlos Presti, un coronel que fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y que fue procesado y detenido por la desaparición o la muerte de 44 personas durante la dictadura en la causa 450 (Primer Cuerpo de Ejército). Como jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, Presti padre tuvo responsabilidad directa en los secuestros de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices y en el operativo que terminó con la apropiación de Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Así lo expresa la institución Abuelas de Plaza de Mayo. “Entre los operativos por los que estuvo imputado Presti figura el ocurrido en la casa Teruggi-Mariani, de donde se llevaron a Clara Anahí, de tres meses, y a quien aún seguimos buscando”. Presti recuperó la libertad por la ley de Obediencia debida de 1987, que eximía de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y murió en 1993, antes de su anulación en 2003 en el Congreso y de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Los organismos defensores de los derechos humanos cuestionan que el actual jefe del Ejército nunca haya repudiado los crímenes de su padre y, además, que su designación rompe con un consenso en la sociedad argentina de que el cargo sea ocupado por un civil. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en declaraciones a los medios rechazó el nombramiento de Presti. “La idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación porque se pone a un uniformado en un lugar que no le corresponde por su formación. Las políticas de Estado las manejan los civiles”. El comunicado oficial de Presidencia reivindica su papel de militar. “Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del Ministerio que estará encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, dice el texto oficial. Presti reemplazará en el cargo a Luis Petri, quien el 10 de diciembre asumirá una banca como diputado nacional. Antes de jurar, Presti ya resolvió nombrar como jefe de Gabinete a Guillermo Madero, funcionario que se negó a entregar legajos solicitados por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) en causas de robo de niños, según reveló el diario PáginaI12. Ese medio también sacó a la luz que Madero fue uno de los funcionarios que visitó a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo el 7 de marzo de 2024. En sus intervenciones públicas, Madero reivindica una “memoria completa”, cuestiona a organismos especializados y repitió conceptos similares a los que utilizó la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la campaña presidencial, como la existencia de una “industria del juicio de derechos humanos”, criticando la actuación estatal previa al Ejecutivo ultra. El Gobierno de Milei insiste en la idea de la “memoria completa”, una expresión acuñada por la comandancia del Ejército en los años 90 que equipara los crímenes de las Fuerzas Armadas con los de la guerrilla; asimismo cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos, como lo hizo en el video institucional del 24 de marzo, donde habló de “entre 7000 y 8000 desaparecidos”. En mayo del año pasado, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se negó a dar información a la Conadi y, a través de un comunicado oficial, la calificó como un “organismo militante”. Bullrich ya juró como senadora del oficialismo y la reemplazó desde este martes su número dos en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Se da por descontada la continuidad en la política de mano dura. Una de las medidas que torpedean el camino de búsqueda de verdad estuvo firmada por el Presidente ultraderechista. Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de esa institución y que permitía acceder a archivos en poder del Estado para encontrar a los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta hoy Abuelas han recuperado al nieto 140 y esperan encontrar a los 300 que faltan. Como otra señal de retroceso, el Gobierno votó recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura, desconociendo el lugar de Argentina como referente en la defensa de los derechos humanos. El abogado Llonto señala que “como en todos los países, los juicios dependen del Poder Judicial, pero los poderes ejecutivos a veces toman medidas, tratan de aprobar leyes o hacen jugadas políticas como las que observamos con Milei para ponerle la mayor cantidad de obstáculos a los juicios. Seguiremos peleando para que se hagan y se mantengan, y va a depender de la fuerza que tengan los jueces, tribunales orales, Cámara de Casación y Corte Suprema frente a todas las barreras y obstáculos que ponga el Poder Ejecutivo”. Para el presidente argentino, la designación del teniente general Carlos Alberto Presti busca ponerle fin a “la demonización de las Fuerzas Armadas”. Para los organismos de derechos humanos, se trata de una “provocación” por tratarse de un militar que nunca condenó los crímenes de la dictadura Un represor de la ESMA y la hermana de un diputado de Milei, detrás de la marcha que pide liberar a los genocidas El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Argentina también se recuerda la restauración de la democracia, en 1983. En este día histórico asumirá al frente del Ministerio de Defensa un militar —por primera vez en 42 años—, que, además, es hijo de un represor de la última dictadura. Para Javier Milei, la designación de Carlos Alberto Presti busca ponerle fin a “la demonización de las Fuerzas Armadas”. Para los organismos de derechos humanos, en cambio, se trata de una “provocación”. Carlos Alberto Presti, quien la semana pasada recibió las insignias correspondientes a la máxima jerarquía de teniente general, se ha desempeñado como jefe de Estado Mayor del Ejército desde el 29 de diciembre del 2023, a poco de la llegada de Milei al poder. Presti anticipó que asumirá el cargo de ministro de Defensa sin pasar a retiro en las Fuerzas Armadas, como le reclaman voces opositoras. Y ascenderá a jefe de gabinete a Guillermo Madero: el actual subsecretario de Defensa tiene como antecedente haber obstaculizado la búsqueda de bebés robados durante el terrorismo de Estado. “El hijo de un genocida” Pablo Llonto, abogado desde 1983 en juicios por crímenes de lesa humanidad, señala a elDiario.es que para los organismos defensores de los derechos humanos estos nombramientos representan una provocación. “Se coloca al hijo de un genocida al frente de Defensa, que asume justo el Día Internacional de los Derechos Humanos. A Presti jamás se le escuchó un repudio al golpe del 24 de marzo de 1976 ni criticar a quienes cometieron los horrendos crímenes del 76 al 83. Madero obstaculizó el tema de los juicios, entonces forman parte de las medidas tomadas por el Gobierno para tratar de obstaculizar lo máximo posible la búsqueda de justicia”. El nombrado ministro de Defensa es hijo de Roque Carlos Presti, un coronel que fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y que fue procesado y detenido por la desaparición o la muerte de 44 personas durante la dictadura en la causa 450 (Primer Cuerpo de Ejército). Como jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, Presti padre tuvo responsabilidad directa en los secuestros de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices y en el operativo que terminó con la apropiación de Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Así lo expresa la institución Abuelas de Plaza de Mayo. “Entre los operativos por los que estuvo imputado Presti figura el ocurrido en la casa Teruggi-Mariani, de donde se llevaron a Clara Anahí, de tres meses, y a quien aún seguimos buscando”. Presti recuperó la libertad por la ley de Obediencia debida de 1987, que eximía de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y murió en 1993, antes de su anulación en 2003 en el Congreso y de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Los organismos defensores de los derechos humanos cuestionan que el actual jefe del Ejército nunca haya repudiado los crímenes de su padre y, además, que su designación rompe con un consenso en la sociedad argentina de que el cargo sea ocupado por un civil. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en declaraciones a los medios rechazó el nombramiento de Presti. “La idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación porque se pone a un uniformado en un lugar que no le corresponde por su formación. Las políticas de Estado las manejan los civiles”. El comunicado oficial de Presidencia reivindica su papel de militar. “Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del Ministerio que estará encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, dice el texto oficial. Presti reemplazará en el cargo a Luis Petri, quien el 10 de diciembre asumirá una banca como diputado nacional. Antes de jurar, Presti ya resolvió nombrar como jefe de Gabinete a Guillermo Madero, funcionario que se negó a entregar legajos solicitados por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) en causas de robo de niños, según reveló el diario PáginaI12. Ese medio también sacó a la luz que Madero fue uno de los funcionarios que visitó a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo el 7 de marzo de 2024. En sus intervenciones públicas, Madero reivindica una “memoria completa”, cuestiona a organismos especializados y repitió conceptos similares a los que utilizó la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la campaña presidencial, como la existencia de una “industria del juicio de derechos humanos”, criticando la actuación estatal previa al Ejecutivo ultra. El Gobierno de Milei insiste en la idea de la “memoria completa”, una expresión acuñada por la comandancia del Ejército en los años 90 que equipara los crímenes de las Fuerzas Armadas con los de la guerrilla; asimismo cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos, como lo hizo en el video institucional del 24 de marzo, donde habló de “entre 7000 y 8000 desaparecidos”. En mayo del año pasado, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se negó a dar información a la Conadi y, a través de un comunicado oficial, la calificó como un “organismo militante”. Bullrich ya juró como senadora del oficialismo y la reemplazó desde este martes su número dos en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Se da por descontada la continuidad en la política de mano dura. Una de las medidas que torpedean el camino de búsqueda de verdad estuvo firmada por el Presidente ultraderechista. Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de esa institución y que permitía acceder a archivos en poder del Estado para encontrar a los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta hoy Abuelas han recuperado al nieto 140 y esperan encontrar a los 300 que faltan. Como otra señal de retroceso, el Gobierno votó recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura, desconociendo el lugar de Argentina como referente en la defensa de los derechos humanos. El abogado Llonto señala que “como en todos los países, los juicios dependen del Poder Judicial, pero los poderes ejecutivos a veces toman medidas, tratan de aprobar leyes o hacen jugadas políticas como las que observamos con Milei para ponerle la mayor cantidad de obstáculos a los juicios. Seguiremos peleando para que se hagan y se mantengan, y va a depender de la fuerza que tengan los jueces, tribunales orales, Cámara de Casación y Corte Suprema frente a todas las barreras y obstáculos que ponga el Poder Ejecutivo”.