La letra chica de la reforma laboral reaviva la grieta gremial y amenaza con escalar

La ausencia del “canciller” gremial Gerardo Martínez en la foto final del Consejo de Mayo fue más que elocuente del mensaje que la CGT quería transmitir. Al menos en público, la principal central obrera muestra los dientes frente al proyecto de reforma laboral que se incluye en el informe final. Por lo bajo, sus propios referentes y los negociadores del Gobierno afirman que están dispuestos a negociar.

Desde la Rosada, fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que Martínez no había podido asistir por encontrarse de viaje en Estados Unidos. Desde la UOCRA argumentaron que ninguna de las objeciones o modificaciones para morigerar ciertos artículos se tomó en cuenta en el proyecto. “En ese contexto, de nada sirve participar de esa reunión”, enfatizaron ante la consulta de este medio.

El Consejo Directivo de la CGT se convocó para el jueves en la sede de Azopardo: de allí saldrá la posición oficial de la central. “Ese día daremos el debate con todo lo que conseguimos del proyecto que se estuvo estudiando el fin de semana y se fijará una línea”, comentó un miembro del cuerpo a El Cronista.

Se espera que ese día el nuevo triunvirato dé parte de todas las reuniones que mantuvieron con legisladores, gobernadores y laboralistas.

Si bien algunos voceros de la CGT han cuestionado en público los borradores no oficiales que circularon en las últimas semanas, los contactos entre terminales sindicales y el Gobierno no se interrumpieron. Desde la Rosada incluso renombraron la reforma como modernización para volverlo menos hostil al léxico sindical.

Si eso no bastara, el informe final del Consejo de Mayo confirmó que no se discutirán los aportes solidarios. Y desde lo más alto del Ejecutivo aseguraron que la letra del proyecto no es final; al contrario, incluye la posibilidad de dar de baja algunos puntos, los que resulten más indigeribles para el acuerdo sindical. “Se plantean diez para dar de baja dos”, deslizó un funcionario cercano a las negociaciones.

Otra prueba de que la CGT no estuvo ajena a gran parte de la discusión previa quedó grabada en el texto del documento que circuló el Gobierno, aunque en la central lo desmienten. En el capítulo correspondiente, aclara que su representante se pronunció en contra de cualquier revisión de las reglas de trabajo aunque, en otro apartado, resalta el acuerdo del propio Martínez para reescribir en su totalidad la Ley de Contrato de Trabajo “para adecuarla a la realidad productiva y tecnológica”.

Siempre acorde a la versión que circuló el Gobierno, el titular de la UOCRA defendió mantener la tutela del trabajador, clarificando estándares de prueba y delimitando con precisión qué actividades quedan dentro o fuera de la LCT (como plataformas y autónomos).

Y propuso redefinir beneficios no remunerativos, permitir remuneraciones variables por mérito, mantener la indemnización por antigüedad con posibilidad de fondos de cese sectoriales, agravar el despido discriminatorio y actualizar vacaciones, licencias e indexación de créditos laborales.

El texto confirma lo que El Cronista publicó en los días previos, respecto a la decisión de una parte de la CGT de trazar su línea roja en todo lo referente al derecho colectivo -financiamiento, vigencia d ellos convenios colectivos y derecho a huelga- pero negociar lo comprendido en el derecho individual. Por caso, el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que se concreten los cambios en el marco de discusión de los convenios.

La discusión en el Consejo de Mayo en torno a este capítulo comenzó incluso con un gesto político relevante: una presentación conjunta entre Martín Rappallini (UIA), representante del sector privado, y Martínez, que se tradujo en una carta incluida en los anexos, donde ambas partes coincidieron en que la agenda laboral requería bajar litigiosidad y habilitar grados de flexibilidad pactada.

En concreto, la propuesta común sostenía la necesidad de “reducir litigiosidad y dar mayor flexibilidad negociada a los convenios colectivos, especialmente en PyMEs”, habilitando herramientas como la organización de jornada, el banco de horas y sistemas de compensación bajo “reglas claras”.

El planteo conjunto incluía, además, el fortalecimiento de los comités de salud y seguridad, la agilización de las comisiones médicas y el impulso a mecanismos más rápidos de conciliación y arbitraje. En ese punto, la CGT registró un margen para aceptar ajustes procedimentales, siempre que no se avanzara sobre núcleos duros del andamiaje normativo.

Para la otra parte del sindicalismo, la que converge en las dos CTA con una impronta más combativa, la participación de la central en la mesa del Consejo y la reivindicación del diálogo son signos de flaqueza frente a la velocidad que el Gobierno adoptó después del 26 de octubre para avanzar sin escalas con sus reformas. “Nosotros no hablamos de borradores. Tenemos en claro que la reforma laboral es la del DNU 70/23”, remarcó uno de los dirigentes a este medio.

Tanto la CTA de los Trabajadores como la Autónoma vienen concretando sus propios foros multisectoriales para construir volumen político de cara a la definición que asoma. Convocan a gremios, PyMEs e incluso movimientos sociales. Suman a las regionales de la CGT -lo que manifiesta un malestar desde las bases de la central- y mantienen sus propias reuniones con legisladores y gobernadores. Y hablan de una medida de fuerza “lo más abarcativa posible”.

Ayer, desde ATE Nacional encabezaron un paro nacional, el único hasta ahora contra la reforma laboral. Sumaron además sus propios reclamos: actualización salarial y fin del ajuste. En algunos organismos descentralizados, acusan que hasta el 10% de su planta laboral está en riesgo.

A diferencia de la CGT, que limita sus puentes con Fuerza Patria -el principal bloque peronista- y profundiza sus gestiones con el centro político, en las CTA ya se reunieron con el jefe de bloque, Germán Martínez, y tienen pendiente un nuevo encuentro. El diálogo se ligó a partir de la última reconfiguración del espacio en el Congreso.

Aunque algunos de los nuevos triunviros participaron de reuniones con las CTA -tanto Jorge Sola (Seguros) como el camionero Octavio Argüello lo hicieron-, no hay un punto orgánico de confluencia entre las tres centrales. Ni siquiera los colectivos más combativos de la CGT que en el pasado no han disimulado sus disidencias con la conducción central, como los transportistas de la CATT, optaron esta vez por diferenciarse. “Hay mucha cautela, todos parecen estar a la espera de los primeros pasos del nuevo triunvirato”, detallaron a El Cronista.