Por pedido de la Argentina, se debatió en la OEA la situación de los presos políticos del chavismo

WASHINGTON.− Un día después de la visita de la líder opositora venezolana María Corina Machado a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en esta capital, el Consejo Permanente del organismo continental debatió en la sesión de este miércoles, a pedido de la misión argentina, la situación de los presos políticos del régimen chavista, que en los últimos días concretó por lo menos 145 liberaciones ante la presión de Estados Unidos.

En su discurso durante la sesión, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, calificó como “un primer paso en la dirección correcta” las excarcelaciones por parte del régimen y reiteró el reclamo para que sean liberados el gendarme argentino Nahuel Gallo y el resto de los presos políticos “detenidos arbitraria e ilegalmente”.

“Lamentablemente, la liberación por goteo de los detenidos ilegalmente, la información poco transparente o la desinformación por parte del régimen venezolano provoca además mayor sufrimiento de los familiares que están esperando con ansiedad abrazar a sus seres queridos”, señaló Cherniak, quien llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a insistir en una visita a Venezuela.

“Entre otras acciones, debiera verificar el estado de los presos políticos en ese país y exigir una lista oficial de los mismos”, dijo el embajador argentino, que mostró el compromiso del Gobierno “para lograr que los venezolanos recuperen su libertad y la democracia, reiterando que no existe margen para nuevas experiencias dictatoriales en nuestra región.

Durante la sesión, representantes de las misiones de otros países también hicieron fuertes llamados al régimen chavista para que libere a la totalidad de los presos políticos y destacaron el pedido de la Argentina para debatir la situación.

La ONG Foro Penal estima que aún quedan 775 presos políticos en Venezuela, mientras que el embajador norteamericano ante el organismo, Leandro Rizzuto, que mostró su inquietud por la lentitud en la liberación de presos políticos y las continuas violaciones a los derechos ciudadanos en Venezuela, exigió la “liberación incondicional de los mil” presos políticos que calcula siguen en cárceles venezolanas.

En el cierre del debate, el secretario general, Albert Ramdin, celebró las excarcelaciones, pero advirtió que “no son suficientes en absoluto, porque todavía hay cientos de personas más en prisión”.

“Por lo tanto, seguimos instando a las autoridades venezolanas a que aceleren la liberación. Y debo decir que no solo por razones de derecho humanitario, sino también por razones políticas, para demostrar que están dispuestas a participar en un proceso que conduzca a la estabilidad política y la democracia“, agregó el secretario general.

A la solicitud hecha hace una semana por la misión permanente de la Argentina ante la OEA se habían sumado Paraguay, Antigua y Barbuda, Perú y Costa Rica, y si bien no se espera una resolución del organismo al respecto, sí se busca que gane visibilidad la “situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela”. La sesión comenzó a las 10.15 (hora local, las 12.15 en la Argentina).

En la nota que elevó ante el Consejo Permanente, la misión argentina indicó que busca “recibir una actualización por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la relatora para Venezuela, Gloria Monique de Mees, y del relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención y combate a la tortura, Edgar Stuardo Ralón Orellana”.

“En los últimos años, la CIDH ha seguido con preocupación la persistencia de detenciones arbitrarias en Venezuela destinadas a perseguir y a silenciar a personas con diferencias políticas e ideológicas con el régimen de facto de Venezuela [...] No son hechos aislados, sino que se trata de un patrón persistente y sistemático utilizado por el régimen dictatorial”, señaló Ralón Orellana en su presentación.

El gobierno argentino sigue de cerca la situación de Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, y si bien en la Casa Rosada sostienen que no tienen “información fehaciente” sobre el caso y cuándo podría concretarse su liberación, también demuestran confianza en las gestiones que realiza la Casa Blanca con el régimen de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. También se encuentran detenidos los argentinos Germán Giuliano, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.

Este martes, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca por el primer año de su segunda gestión, el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Rodríguez liberó a “muchos presos políticos” y que acordaron que “dejarán salir a la mayoría de ellos”.

En tanto, Machado había sido recibida el martes por Ramdin para abordar la situación de los presos políticos y las vías para que Venezuela “avance hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad” tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado en un sorprendente operativo de las fuerzas norteamericanas.

“No hay transición con represión y presos políticos. La garantía de una transición sostenible es que en el centro de todo esté la gente”, señaló Machado a través de un comunicado.

Ramdin reafirmó ante Machado que “la OEA está lista para brindar su apoyo en beneficio del pueblo venezolano” y que seguirán “monitoreando de cerca los acontecimientos, en coordinación con líderes de toda la región, para evaluar los siguientes pasos”.

Si bien el régimen de Rodríguez −quien era la vicepresidenta de Maduro hasta su captura− sostuvo que en los últimos días fueron liberados más de 400 presos políticos, no ofreció una lista detallada. La cifra dista de las 145 liberaciones constatadas por el Foro Penal, que lidera Alfredo Romero.

Machado −quien el jueves pasado fue recibida por Trump en la Casa Blanca− denunció este martes en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”.

Tras su reunión con Ramdin, la líder opositora afirmó ante la prensa que las autoridades venezolanas “anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre”, y que eso “es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen”.

De acuerdo a Romero, en tanto, la mayoría de los liberados enfrentan restricciones por parte del régimen, incluyendo órdenes de silencio para no hablar con los medios y registros obligatorios con las autoridades. Otros, añadió, tienen prohibido salir del país.