WASHINGTON.– El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó una determinación que sacudió los mercados globales este lunes.

A través de un comunicado en su red social, Truth Social, el mandatario oficializó un incremento sustancial en los aranceles aplicados a las importaciones que provienen de Corea del Sur.

La medida eleva la tasa impositiva del 15% al 25% para sectores estratégicos como el automotriz, la industria maderera y el rubro farmacéutico. Esta acción representa una represalia directa contra el Poder Legislativo del país asiático, al cual Trump acusó de “no estar a la altura” de los compromisos que pactó con Washington.

La raíz del conflicto

La raíz de este conflicto yace en la falta de ratificación del “Acuerdo Comercial Histórico”. Según los registros oficiales, Trump y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, sellaron este pacto el 30 de julio de 2025.

Durante una visita oficial a suelo coreano el 29 de octubre de ese mismo año, ambos líderes reafirmaron los términos del trato. El presidente estadounidense cuestionó de forma pública la inacción de los legisladores coreanos con un mensaje directo: “¿Por qué la Legislatura coreana no lo aprobó todavía?“. Aunque reconoció que la decisión es una prerrogativa de dicho órgano, Trump no dudó en aplicar castigos económicos ante la demora en la implementación del tratado.

El impacto económico de esta subida de diez puntos porcentuales resulta masivo. En julio pasado, la administración estadounidense estableció un arancel general del 15%, una cifra que en aquel momento fue inferior a las amenazas iniciales del republicano. Sin embargo, la paciencia del ejecutivo se agotó. La nueva tarifa del 25% afecta de manera directa a Hyundai Motor, la firma que lidera las exportaciones de vehículos nuevos hacia los Estados Unidos desde Corea del Sur.

De igual manera, empresas como KIA Motors enfrentan ahora un escenario de costos elevados para sus unidades que esperan en los puertos surcoreanos su envío al mercado americano.

Más allá de los autos y las medicinas, el acuerdo fallido contenía una promesa de inversión monumental. Trump reveló que Corea del Sur aceptó la entrega, a los Estados Unidos, de una suma de 350,000 millones de dólares a destinarse en inversiones bajo el control y la propiedad total de la potencia norteamericana.

En el frente interno de los Estados Unidos, la legalidad de estas medidas enfrenta desafíos severos. La Corte Suprema revisó en noviembre pasado los argumentos de una causa que cuestiona la facultad presidencial para imponer aranceles de forma unilateral.

Durante las audiencias, los jueces manifestaron dudas sobre si el mandatario posee el poder de establecer estos gravámenes sin la autorización previa del Congreso. El máximo tribunal del país todavía no dictó sentencia, por lo que el sustento legal de la actual política de Trump permanece en el aire.

La respuesta diplomática desde el país asiático es, hasta ahora, el silencio. La Casa Azul, sede de la presidencia de Corea del Sur, no emitió comentarios de forma inmediata tras el anuncio del incremento de los aranceles.

Este nuevo episodio de tensión ocurre mientras Seúl intenta gestionar otros focos de conflicto con Washington. Recientemente, las autoridades coreanas mantuvieron contactos con sus pares estadounidenses para explicar el trasfondo de una investigación sobre Coupang. Esta empresa de comercio electrónico, con sede en territorio norteamericano, está bajo la lupa tras una filtración masiva de datos que afectó a miles de usuarios.

Agencias Reuters, AP y AFP