El 7 de agosto de 2025, la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) anunció el cierre oficial de su disputa legal de años contra Ripple Labs. La SEC y Ripple terminaron formalmente el caso presentando una estipulación conjunta para desestimar sus respectivas apelaciones en el Segundo Circuito.
La desestimación pone fin a la apelación de la SEC contra el fallo parcial sumario del tribunal de distrito de 2023 —que determinó que XRP no era un valor cuando se vendía al público en exchanges— y a la apelación cruzada de Ripple que cuestionaba la conclusión del tribunal de que sus ventas institucionales violaban la Ley de Valores. Según el acuerdo, cada parte asumirá sus propios honorarios legales y costos. No se espera más litigios.
La SEC demandó por primera vez a Ripple en diciembre de 2020, alegando que la empresa realizó una oferta de valores no registrada al vender más de $1.3 mil millones en XRP. El caso rápidamente se convirtió en un punto focal para la industria, con implicaciones de gran alcance sobre cómo se tratarían los tokens bajo la ley estadounidense.
En julio de 2023, la jueza Analisa Torres emitió un histórico fallo: las ventas programáticas de XRP a compradores minoristas en exchanges digitales no constituían transacciones de valores. Determinó que estos compradores carecían de la expectativa necesaria de beneficios derivados de los esfuerzos gerenciales de Ripple —un aspecto esencial de la prueba Howey. Sin embargo, el tribunal también sostuvo que las ventas directas de Ripple a inversores institucionales eran ofertas de valores no registradas. Posteriormente, Ripple fue multada con $125 millones en relación con esas ventas.
Aunque técnicamente la decisión fue un resultado dividido, fue ampliamente vista como una victoria para Ripple y la industria cripto en general. También fue el primer caso importante en establecer una distinción legal entre las ventas de tokens en el mercado secundario y las ofertas directas, una línea que la SEC previamente se había negado a reconocer.
En lugar de continuar con el litigio de apelación, tanto Ripple como la SEC optaron por retirarse. La desestimación conjunta refleja un reconocimiento mutuo de que el tiempo —y el riesgo— de procedimientos adicionales no valía la potencial ganancia.
En junio, Ripple ya había señalado su intención de retirar su apelación cruzada después de llegar a un acuerdo con la SEC sobre las soluciones finales. Ese acuerdo incluía restricciones en futuras ventas institucionales y medidas de cumplimiento, además de la sanción monetaria.
El paso final llegó esta semana, con ambas partes solicitando la desestimación de todas las reclamaciones de apelación pendientes. Con el caso finalmente cerrado, ambas partes pueden reclamar victorias parciales mientras evitan la incertidumbre de una prolongada batalla de apelación.
Aunque el caso no produjo precedentes de la Corte Suprema ni fallos finales de apelación, el litigio —y especialmente la opinión de la jueza Torres— probablemente dará forma a cómo los tribunales y reguladores abordan la clasificación de tokens en el futuro. Confirmó que no todas las transacciones cripto caen bajo el paraguas de valores, particularmente en mercados secundarios donde los compradores a menudo son anónimos y desconocen la identidad del emisor, y mucho menos las promesas gerenciales.
El caso también subrayó las limitaciones estratégicas de la regulación mediante aplicación. A pesar de todos los esfuerzos de la SEC para definir la industria cripto a través de litigios, ahora enfrenta un creciente mosaico de fallos que complican sus reclamos jurisdiccionales. Mientras tanto, el Congreso continúa evaluando legislación que podría aportar más claridad al tratamiento de los activos digitales.
Con el caso Ripple ahora oficialmente cerrado, la empresa es libre de avanzar —tanto en EE.UU. como en el extranjero— sin la sombra del litigio federal de valores. La industria cripto, a su vez, puede ver este resultado como una señal cautelosamente optimista: que los matices importan, que los tribunales pueden ser más receptivos a la complejidad tecnológica que los reguladores, y que el litigio, aunque costoso, puede establecer límites significativos en un panorama por lo demás incierto.
El Director Legal de Ripple, Stuart Alderoty, marcó la ocasión con una breve declaración en X:
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Este artículo apareció originalmente en Kelman.law.

