El juez federal Brian Murphy vuelve a denunciar tratos ilegales con los inmigrantes con una nueva sentencia que le pone un freno a las deportaciones exprés.El juez federal Brian Murphy vuelve a denunciar tratos ilegales con los inmigrantes con una nueva sentencia que le pone un freno a las deportaciones exprés.

Giro inesperado en las deportaciones en Estados Unidos: el Gobierno de Donald Trump enfrenta un nuevo laberinto legal

2026/03/05 07:53
Lectura de 4 min
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Pese al respaldo de la Corte Suprema al gobierno de Donald Trump en 2025, el juez federal del estado de Massachusetts Brian E. Murphy volvió a declarar ilegales las deportaciones a terceros países impulsadas por Estados Unidos. El fallo ordena detener los vuelos que envían migrantes a naciones donde no tienen vínculos.

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El desafío judicial que frena la estrategia de deportaciones de Donald Trump

La justicia federal de Massachusetts emitió una nueva sentencia este 25 de febrero de 2026 que revive la batalla por el control fronterizo. El juez Brian Murphy determinó que el Gobierno no puede enviar a migrantes a naciones ajenas sin una notificación previa, invalidando la táctica de "vuelos sorpresa" que la Corte Suprema había reactivado en junio del año pasado tras una apelación de emergencia.

Se espera que tarde o temprano la administración Trump recurra nuevamente el fallo y los últimos antecedentes juegan a su favor. Mientras tanto, esta sentencia cambia las reglas del juego (al menos momentáneamente) porque reconoce derechos para los inmigrantes que según el juez Murphy no se están respetando.

  • Derecho a la defensa: El juez insiste en que el migrante debe conocer su destino para argumentar riesgos de tortura o muerte.
  • Freno a la discrecionalidad: La orden judicial impide que el ICE traslade a personas a bases militares en el extranjero de forma unilateral.
  • Debido proceso: La sentencia protege incluso a quienes tienen órdenes finales de expulsión, exigiendo transparencia en el país de destino.

La autoridad judicial considera que el cumplimiento de los estatutos constitucionales debe prevalecer sobre las facultades diplomáticas del Ejecutivo.

¿Puede los agentes del ICE entrar a las casas sin orden judicial?

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que la administración Trump busca mantener

En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó un bloqueo similar, permitiendo que el Gobierno utilizara "terceros países" para deportar a quienes sus naciones de origen se niegan a recibir. Aquella decisión de la mayoría conservadora calificó la medida como una "tarea diplomática delicada" indispensable para resolver la crisis de inmigración ilegal.

Sin embargo, el juez Murphy detectó más irregularidades este 2026:

  • Ocultamiento sistemático: Se acusa al Gobierno de no revelar el país de destino hasta que el avión está en el aire.
  • Casos sin historial: Abogados de inmigración demostraron que se están incluyendo en estos vuelos a personas sin antecedentes penales atroces.
  • Desobediencia previa: El tribunal señala que el Departamento de Seguridad Nacional ha ignorado restricciones procesales básicas en meses recientes.

Este nuevo laberinto legal obliga al Departamento de Justicia a presentar una nueva apelación ante el máximo tribunal para intentar disolver este obstáculo.

¿Qué pasará con los inmigrantes en custodia en marzo de 2026?

La decisión del juez Murphy genera un alivio temporal para miles de latinoamericanos sujetos a procesos de remoción. Al declarar la política como "ilegal" nuevamente, se abre una ventana para que los defensores legales presenten mociones de emergencia y eviten traslados a lugares como Yibuti o Sudán del Sur, donde los afectados nunca han estado.

  1. Pausa de vuelos: El Gobierno podría verse forzado a suspender rutas específicas hacia bases militares fuera de EE. UU.
  2. Revelación de destinos: Las autoridades migratorias tendrían que entregar un listado de países alternativos antes de cada expulsión.
  3. Nueva batalla en la Corte: Se espera que la administración Trump solicite una suspensión de emergencia para que la política siga vigente durante el juicio.

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