Mientras varias ciudades de Estados Unidos comenzaron a retirar cámaras capaces de leer automáticamente las placas de los vehículos por temor a que la información termine en manos de autoridades federales contra extranjeros, el gobierno de la capital de Ohio mantiene firme su postura. Sin embargo, organizaciones comunitarias advierten que estos dispositivos podrían facilitar operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El sistema de vigilancia que sigue en pie en Columbus, Ohio

Según informó The Columbus Dispatch, el Concejo Municipal de Columbus no considera cancelar su contrato con la empresa de vigilancia tecnológica Flock Safety, pese a la presión de activistas que reclaman su eliminación. La ciudad cuenta con 40 cámaras automatizadas capaces de identificar placas de automóviles mediante inteligencia artificial, instaladas principalmente en zonas con altos índices de criminalidad.

Estos dispositivos funcionan con energía solar y registran los números de matrícula de los vehículos que pasan frente a ellos. Posteriormente, esa información queda almacenada en una base de datos que las autoridades policiales pueden consultar durante investigaciones criminales. El objetivo declarado es rastrear autos vinculados a delitos o ayudar en la localización de personas desaparecidas.

La instalación de estas cámaras comenzó en 2024, cuando el Concejo Municipal aprobó un contrato con Flock Safety por 228 mil dólares. Desde entonces, el sistema se integró en la infraestructura de seguridad pública de la ciudad y se convirtió en una herramienta habitual para la policía local.

Críticas por el posible acceso de ICE a los datos recabados por las cámaras

La controversia surge por la forma en que la información recopilada podría ser utilizada más allá de Columbus. Activistas y organizaciones que trabajan con comunidades inmigrantes sostuvieron, según informó The Columbus Dispatch, que los datos captados por las cámaras pueden terminar en manos de agencias federales encargadas de aplicar las leyes migratorias.

De acuerdo con The Columbus Dispatch, durante una audiencia pública celebrada el 17 de febrero, algunos defensores de los derechos de los inmigrantes pidieron al Concejo Municipal que vaya más allá de las medidas ya aprobadas contra el ICE y rompa definitivamente sus vínculos con empresas de vigilancia masiva.

Una de las voces que planteó esta preocupación fue Jona Hilario, codirectora estatal de la organización OPAWL–Building AAPI Feminist Leadership. Durante su testimonio ante los concejales, sostuvo que la ciudad tiene una responsabilidad moral de proteger a los residentes más vulnerables.

“También instamos al Concejo Municipal a cortar completamente los vínculos con las compañías de vigilancia masiva, específicamente con Flock Safety”, expresó Hilario.

Según explicó, no existen regulaciones claras sobre cómo puede utilizarse esta tecnología por parte de los funcionarios públicos. En ese contexto, advirtió que los datos generados por los lectores de placas terminaron en manos del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que los utilizan para operaciones relacionadas con inmigración.

El argumento de las autoridades para mantener las cámaras: combatir el crimen

Desde el gobierno local y las fuerzas de seguridad, la postura es diferente. Funcionarios municipales sostienen que las cámaras demostraron ser útiles para resolver casos criminales y para localizar vehículos relacionados con hechos violentos.

En declaraciones citadas por The Columbus Dispatch, la directora del Departamento de Seguridad Pública de Columbus, Kate McSweeney-Pishotti, afirmó que el sistema fue “extremadamente útil” para identificar autos vinculados con delitos graves, incluidos homicidios y agresiones.

Además, explicó que también se utilizó para encontrar personas desaparecidas o en peligro. Según la funcionaria, el departamento cuenta con políticas internas que buscan evitar el uso indebido de los datos recopilados por las cámaras.