El Gobierno dispuso una sanción millonaria contra dos gremios del transporte que se sumaron al paro de la CGT

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, avanzará con multas millonarias sobre los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.

Según pudo saber LA NACION, los importes de las multas, decididas por la cartera dirigida por Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, serán de más de 70.000 millones para los colectiveros de la UTA y más de 20.000 millones para los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad.

Esas cifras, cuyos montos estimados fueron confirmados a LA NACION por fuentes al tanto del conflicto, fueron calculadas en los respectivos sumarios que se les iniciaron a ambos gremios luego de que adhirieran al paro general de la CGT del último 19 de febrero, en el marco de la antesala de la discusión parlamentaria por la reforma laboral.

En la previa a ese paro, desde la cartera dirigida por Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Se argumentó que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria” al tratarse de una actividad escencial.

Ambos sindicatos estaban dentro de conciliación obligatoria desde el 14 de febrero y hasta el 27 de ese mismo mes, por lo que desde el Ministerio les advirtieron que no podían adherir a la medida.

Desde que se produjo el paro, las áreas de Transporte y Trabajo verificaron el incumplimiento en las distintas jurisdicciones. Y a fines de la semana pasada Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

A través de esos cálculos es que se llegó a las cifras de más de $70.000 millones y $20.000 millones para la UTA y La Fraternidad, respectivamente.

Desde la cartera, la semana pasada, a través de un comunicado, agregaron que se contemplan “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

En el Gobierno siempre distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, y a Roberto Fernández, de la UTA, como los dirigentes no dispuestos a acatar la medida. En el corazón del gobierno libertario alegaron desde el comienzo del conflicto que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.

Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política", afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.